En un comunicado, UGT celebró que esta fórmula “desbloquea definitivamente” el acceso a la jubilación parcial anticipada del personal laboral, ya que permitirá a las administraciones cubrir las vacantes con mayor agilidad.

A su juicio, además de garantizar el ejercicio de este derecho, esta medida favorecerá una planificación más eficiente de las plantillas y contribuirá a una mejor organización de los servicios públicos, adaptándolos a las necesidades reales de la ciudadanía, así como a la tan necesaria renovación de las plantillas.

También espera que el Parlamento ratifique la medida y recordó que aún queda pendiente garantizar el acceso a la jubilación parcial del personal funcionario. Esta medida, incluida en el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, continúa pendiente de su aprobación por el Congreso de los Diputados.

De su lado, el sindicato CSIF señaló que jubilación parcial era un “derecho bloqueado” con la última reforma en materia de pensiones derivada del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, que, en su opinión, “no tuvo en cuenta los requisitos de selección de personal de las administraciones públicas”, ya que la nueva regulación exigía que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo, “fórmula incompatible” en la práctica con la aplicación de este derecho en la Administración. Ahora, tal y como reclamó CSIF, el Consejo de Ministros ha aprobado la contratación temporal de relevistas para dar solución a este problema.

“Cuando se produjo el bloqueo, CSIF acudió a la Justicia; y los tribunales determinaron que CCOO y UGT “no habían tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones”, y que la tasa adicional en las ofertas de empleo público para contratar relevistas “no es una herramienta adecuada””, agregó CSIF.

Por su parte, CCOO señaló que “desde el momento en que el Ejecutivo adoptó decisiones que ignoraron la especificidad del empleo público y los principios constitucionales que lo rigen, se generó un escenario profundamente lesivo para miles de empleadas y empleados públicos laborales que, pese a tener reconocido el derecho a la jubilación parcial, se han visto impedidos en la práctica de ejercerlo”.

En este sentido, indicó que, gracias a su “acción sostenida, se ha conseguido revertir parcialmente el problema, materializándose ahora en la aprobación de un real decreto-ley que permitirá hacer efectivo el derecho a la jubilación parcial del personal laboral, incorporando fórmulas viables como la cobertura del contrato de relevo mediante personal temporal o interino”.

En todo caso, denunció que el problema está lejos de resolverse totalmente. Y es que, según explicó, el Gobierno central mantiene un incumplimiento manifiesto al no haber recuperado aún la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, tal y como se comprometió en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI.

“Lejos de facilitar su aplicación, el Ejecutivo ha contribuido a bloquearla, por acción u omisión, al incluir esta materia, de manera absolutamente inopinada, en el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, actualmente paralizado en el Congreso de los Diputados”, aseveró.