En un comunicado conjunto, ambos sindicatos trasladaron que existe un acuerdo cerrado que resuelve plenamente esta situación y permite hacer efectivo el derecho a la jubilación parcial del personal laboral mediante una fórmula clara y viable, incluyendo que el contrato de relevo pueda ser cubierto por personal temporal o interino.

“No existe, por tanto, ningún impedimento técnico ni jurídico que justifique seguir retrasando su aprobación. Lo que existe es una falta absoluta de voluntad política y una incomprensible pasividad por parte de Seguridad Social ante una reivindicación legítima y urgente de miles de trabajadoras y trabajadores públicos”, agregaron.

Mientras tanto, alertaron de que empleados públicos ven cómo se les niega en la práctica un derecho reconocido, “acumulando incertidumbre, frustración y perjuicios personales y laborales totalmente evitables”.

Por ello, avisaron de que si la Seguridad Social no “desbloquea” esta situación, instarán a la Secretaría de Estado de Función Pública a que sea este ámbito quien efectivamente proceda a la aprobación urgente de la jubilación parcial del personal laboral mediante real decreto ley, el “único instrumento capaz de garantizar una solución inmediata y efectiva”.

Asimismo, los sindicatos reclamaron que el Gobierno articule otra vía para la jubilación parcial del personal funcionario, estatutario y del resto del personal sometido a Derecho administrativo, paralizada dentro del Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, actualmente “bloqueado” en el Congreso de los Diputados.

CCOO y UGT consideran “inaceptable” que los derechos de los empleados públicos queden “atrapados por los bloqueos parlamentarios y las disputas políticas”. Por ello, exigieron retirar esta materia del proyecto de ley y aprobarla en el mismo real decreto ley, “garantizando sin más dilaciones” el acceso a la jubilación parcial para el conjunto del personal de las administraciones públicas.

Y, si no hay respuesta a estas reivindicaciones, CCOO y UGT previnieron de que retomarán las movilizaciones, sin descartar acciones judiciales hasta lograr que el Gobierno dé una “solución definitiva al atropello que ha supuesto la paralización unilateral de la jubilación parcial en las administraciones públicas”.