Así se expresaron los sindicatos después de que el Consejo de Estado haya emitido un informe crítico con el real decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, después de que, el pasado septiembre, el Congreso tumbara, con los votos del PP, Junts y Vox, la ley de reducción de la jornada laboral.

Esta norma incluía tres patas: la rebaja del tiempo de trabajo máximo a 37,5 horas semanales, la regulación del derecho a la desconexión digital y el refuerzo del control de jornada. Tras el ‘revés’ parlamentario sufrido por Yolanda Díaz, apostó por aprobar el endurecimiento del control horario, ya que estimó que era la única parte de la norma que podía aprobar sin votación en el Congreso.

En este sentido, los sindicatos indicaron que cuatro de cada 10 horas extraordinarias no se pagan ni se compensan (alrededor de 130 millones de horas extraordinarias al año), lo que supone un “ahorro ilícito” para las empresas de más de 3.200 millones de euros al año.

Este volumen de incumplimiento, en opinión de CCOO y UGT, constituye un “auténtico hurto” a las personas trabajadoras, pero también a la caja única de la Seguridad Social —por cotizaciones no ingresadas— y a la Hacienda Pública, al dejar de tributar salarios que deberían formar parte de la base imponible.

“Resulta incomprensible que, ante un fraude de esta magnitud, se introduzcan cautelas que pueden terminar amparando zonas de impunidad, cuando el sistema actual de registro horario ha demostrado ser claramente insuficiente y, en buena medida, fracasado”, lanzaron CCOO y UGT al Consejo de Estado.

Además, argumentaron que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido “inequívoco” al respecto: los sistemas de registro de jornada deben ser objetivos, fiables y accesibles. Y, sin embargo, el modelo vigente en España no cumple plenamente estos requisitos, lo que ha motivado ya reproches desde instancias europeas. Asimismo, los sindicatos señalaron que el proyecto de real decreto pretendía precisamente avanzar en esa dirección, reforzando la trazabilidad y evitando la manipulación de los registros.

“Especialmente llamativo resulta el celo del Consejo de Estado en materia de protección de datos. La preocupación por la privacidad parece, en este caso, invertida: no se protege a las personas trabajadoras, sino que se corre el riesgo de proteger la identidad de las empresas incumplidoras, dificultando el acceso efectivo de la Inspección de Trabajo a los registros de jornada”, añadieron.

Tras ello, ironizaron con que si este criterio se llevara al extremo, cabría preguntarse si también debería limitarse el acceso de la Inspección de Hacienda a la contabilidad empresarial, en nombre de la protección de datos, impidiendo conocer los ingresos reales o las bases imponibles. “El paralelismo evidencia el absurdo: no puede utilizarse la protección de datos como coartada para obstaculizar el control del cumplimiento de la ley”, aseveraron.

Del mismo modo, advirtieron de que resulta profundamente preocupante la insistencia en remitir estas cuestiones a ámbitos ajenos al estricto cumplimiento de las normas básicas laborales, como si el cumplimiento de la legalidad —el respeto a la jornada máxima, el pago de las horas extraordinarias o su cotización— fuera negociable. “¿De verdad considera el Consejo de Estado que derechos esenciales como el pago del salario o el cumplimiento de la jornada pueden quedar al albur de la negociación?”, se preguntaron los sindicatos, para sentenciar que la negociación colectiva es un instrumento fundamental, pero no puede sustituir ni relativizar el respeto de normas imperativas básicas.

Dicho esto, avisaron de que el Gobierno “no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social ni para renunciar a su obligación de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable”, ya que “está en juego” el respeto a los derechos laborales.

CCOO y UGT también arguyeron que “tolerar” el incumplimiento de la jornada legal máxima y no compensar las horas extra es amparar la “competencia deslegal” hacia las empresas que sí respetan la normativa vigente.

Por ello, ambos sindicatos instaron al Gobierno a “continuar adelante” con la reforma del registro de jornada, “reforzando sus garantías y asegurando su eficacia real”. “España no puede permitirse volver a ser reprendida por las instituciones europeas por no garantizar derechos básicos en materia de tiempo de trabajo”, agregaron.