Así lo recoge el documento de propuesta sindical unitaria, donde se analizan las medidas de vivienda, despido, contrato a tiempo parcial y ley de diálogo social y negociación colectiva que plantean CCOO y UGT. Esta propuesta fue presentada este martes en rueda de prensa por parte del vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco.

El documento arranca presentando propuestas sindicales ante el problema de acceso a la vivienda, entre las que destaca la creación de un fondo público con el objetivo de financiar entre 50.000 y 100.000 viviendas asequibles anuales. Se financiaría mediante bonos del ICO, ahorro privado individual o colectivo, así como con fondos públicos europeos o nacionales. Además, piensan que, en las promociones estatales de vivienda pública, se debe reservar un porcentaje mínimo para responder a las necesidades temporales de alojamiento de los trabajadores.

Los sindicatos también proponen favorecer el acceso a financiación hipotecaria, impulsando la banca pública; ayudas para colectivos vulnerables ante situaciones de impago por coyunturas concretas; limitar el precio del alquiler y extender las zonas tensionadas, limitando en ellas las viviendas turísticas y aplicándoles un IVA del 21%, y reformar la Ley de Vivienda para que, si las comunidades no declaran una zona como tensionada, puedan hacerlo los ayuntamientos.

REFORMAR EL DESPIDO

El segundo capítulo del documento sindical es la reforma del despido, ya que la actual regulación “incumple” tratados internacionales suscritos por España que son de obligado cumplimiento, y es parte del modelo laboral de “precariedad e inestabilidad, de las sucesivas reformas laborales que facilitaron el despido barato y sin causa suficiente”.

En este sentido, reclaman que se exija una justificación más rigurosa, tanto en los despidos por causa empresarial como en los improcedentes. De manera específica, hay que “causalizar” el despido en período de prueba y derogar el despido por ineptitud sobrevenida, para cumplir la normativa comunitaria e internacional.

Asimismo, urgen a reforzar el papel de la representación sindical en casos de reestructuraciones empresariales, así como a ampliar los casos de nulidad para despidos sin causa o fraudulentos, para los que tengan origen en el ejercicio de derechos o reclamaciones de la persona trabajadora, así como para aquellos en los que se omitan o manipulen los requisitos formales. Adicionalmente, en el resto de los despidos injustificados se deberá restablecer el derecho de opción de la persona trabajadora entre la indemnización o la readmisión.

Además, señalan que hay que mejorar las indemnizaciones de los despidos injustificados para que sean adecuadas, disuasorias y reparadoras del daño causado, como exige la doctrina internacional. Para ello, proponen un incremento de las indemnizaciones tasadas, recuperando su carácter disuasorio; el establecimiento de una indemnización mínima en línea con estándares europeos; y regular que la sentencia pueda establecer indemnizaciones para reparar el daño real. Y, en todos los casos, recuperar el abono de los salarios de tramitación.

Garantizar un estándar de protección igual para el empleo público; equiparar la protección en casos de despidos colectivos y procesos concursales a los estándares comunitarios y garantizar la perspectiva de género y la protección de los colectivos vulnerables son otras de las iniciativas sobre el despido esbozadas por los sindicatos.

Preguntado por los medios sobre si piden que se recuperen los 45 días por año trabajado como indemnización para los despidos improcedentes y que recortó la reforma laboral de 2012, Fernando Luján dijo que sí, que se debería partir de ahí, dado que aquella ley se aprobó sin diálogo social con sindicatos y CEOE desde el Gobierno de Mariano Rajoy.

Con todo, Javier Pacheco destacó que la Carta Social Europea no indica un número de días tasado, sino que se proteja en cada caso a la persona afectada por un despido. “Por eso hemos pactado una Carta Social y no una Carta Liberal”, ironizó el representante de CCOO.

CONTRATACIÓN PARCIAL INVOLUNTARIA

El tercer apartado de las prioridades sindicales es la reducción de la contratación a jornada parcial involuntaria. Con este fin, sugieren que se establezca por ley que el contrato deberá justificar la causa por la que no se realiza a tiempo completo, y de no documentarse adecuadamente, se aplicará una presunción de jornada completa. Igualmente, plantean que el contrato parcial no pueda superar el 80% de la jornada ordinaria, incluyendo las horas complementarias.

En paralelo, piden mejorar la antelación con la que un trabajador conoce su jornada; impedir el horario partido si el contrato es inferior al 60% de la jornada completa; limitar el uso de las horas complementarias que, además, deben tener un coste para la empresa igual que las horas extraordinarias, y dar prioridad a los empleados con más de seis meses de antigüedad a la hora de acceder a puestos de tiempo completo. “El objetivo es que la jornada completa sea el estándar laboral, limitando la parcialidad a situaciones debidamente justificadas”, sintetizan CCOO y UGT.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El cuarto y último gran bloque de propuestas sindicales se enfoca en la aprobación de una ley de negociación colectiva y participación institucional en España, con el fin de reforzar el papel de los agentes sociales. En ella, a su juicio, se debe desarrollar el mandato constitucional, que ya recoge el papel de los sindicatos y las patronales más representativas, así como los cauces de participación institucional.

Asimismo, reclaman que la norma establezca que se aprueben partidas económicas anualmente que permitan, por su cuantía, la posibilidad material del ejercicio del diálogo social y la negociación colectiva con la participación que se reconoce a los agentes sociales en esta propuesta de ley y en la Constitución española.

De la misma forma, piden la creación de un Consejo de Diálogo Social constituido por representantes del Gobierno de España y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, como órgano de participación y concertación de carácter estable. Y también quieren que se instaure una comisión paritaria de seguimiento del Consejo del Diálogo Social Tripartito, que coordine los trabajos para la elaboración de los acuerdos anuales y elabore anualmente una memoria del estado del diálogo social.