Tras la publicación del dato de IPC de marzo, que se situó en el 3,4% interanual, CCOO indicó que las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno no han conseguido paliar el incremento de los combustibles, arrastrando al resto de productos de la cesta de la compra. Por ello, reclamó establecer medidas de control de precios que garanticen que los costes no se repercuten en la ciudadanía, manteniendo los márgenes de beneficios de las empresas. “No se puede inyectar dinero en la economía de las empresas y que estas no controlen la subida de precios impactando en el poder de compra de la mayoría ciudadana”.

“Los niveles de inflación se están comiendo el incremento de los salarios pactados en 2026”, lamentó el sindicato, que alertó de que los trabajadores ya han vuelto a empezar a perder poder adquisitivo en marzo.

Asimismo, reclamó que se tomen acciones de apoyo directo a las familias para sufragar los incrementos de precios y se adopten medidas como la gratuidad del transporte público y la limitación de los precios de alquiler. En este sentido, la organización llamó a los partidos a que convaliden el decreto de la vivienda aprobado por el Gobierno y a las patronales a negociar el próximo acuerdo general de convenios para corregir el poder adquisitivo a través de subidas salariales y reducción de la jornada laboral.

En la misma línea, UGT pidió al Gobierno seguir avanzando en la aprobación de medidas que combatan el incremento de la inflación y palíen el impacto de la crisis sobre las personas más vulnerables. Para ello, sostuvo que se debe disponer de información precisa sobre los colectivos con menos recursos, a fin de reforzar el carácter selectivo de las ayudas y evitar un impacto regresivo de las mismas, como sucede con algunas de carácter generalista, que benefician más a quienes poseen mayor capacidad de pago.

En esta dirección, el sindicato reclamó aprobar ayudas directas a las personas con bajos ingresos y patrimonio, de manera similar a la ayuda de 200 euros que se implementó durante la anterior crisis inflacionaria derivada del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Por todo ello, subrayó que es preciso que el gobierno convoque cuanto antes a los interlocutores sociales, para lograr la mejor concreción de estas actuaciones y el mayor grado de consenso. Porque “no actuar con rapidez y ambición supone, en la práctica, trasladar el coste de la inflación a quienes menos capacidad tienen para soportarlo”.

Finalmente, previno del incremento del coste de las hipotecas por la subida del euríbor y el más que probable aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), lo que podría ocasionar casos de desahucios en casos extremos.