“La protección de la seguridad y la salud de las empleadas del hogar siempre ha sido un importante déficit”, según lamentó el sindicato en un comunicado, en el que reconoce que, al menos, con esta norma, comienza a subsanarse.

Así, sostiene que un derecho ya “consolidado” desde 1995 para el resto de las personas trabajadoras comienza a ser exigible para un sector “discriminado históricamente, claramente feminizado e invisibilizado y caracterizado por su alta precariedad”.

La herramienta digital elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo permite facilitar la prevención de riesgos laborales en el ámbito del hogar, generando un documento con la evaluación de riesgos en el domicilio, las medidas preventivas a aplicar y los materiales informativos que deben entregarse a la persona trabajadora.

Pero, para CCOO, dado que este es un sector “especialmente complicado al que llegar”, sería necesario que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se realizase un esfuerzo de comunicación que permita a los empleadores y trabajadoras conocer sus obligaciones y sus derechos.

A su parecer, este decreto supuso un avance en el proceso de mejora de la salud y de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el ámbito del hogar familiar, y en el reconocimiento como país del valor del trabajo doméstico, pero precisa que aún quedan pendiente aspectos “muy importantes” como la elaboración y puesta en marcha del protocolo de actuación contra la violencia y acoso, la regulación específica de la realización de los reconocimientos médicos en el Sistema Nacional de Salud y las actividades de formación en materia preventiva.

Asimismo, demanda un convenio propio para este sector, caracterizado por los “abusos en las jornadas, con horarios no registrados y extenuantes”. Del mismo modo, pide la revisión de la figura de las trabajadoras internas.

“Seguiremos con especial interés la aplicación efectiva de todos los derechos que la norma reconoce a estas personas trabajadoras. Asimismo, desde el sindicato, seguiremos impulsando actuaciones para garantizar el cumplimiento efectivo de todas las medidas que el real decreto contempla trabajando para abordar una realidad cada vez más extendida en este sector, que es la utilización de plataformas digitales y las consecuencias que éstas suponen en términos de precarización de las condiciones, que ha quedado fuera de esta regulación y que seguiremos exigiendo al Gobierno”, concluyó el sindicato.