Para la presidenta de Ceafa, Mariló Almagro, esta ley “es el instrumento en el que miles de personas tienen puestas sus esperanzas para paliar, en gran parte, sus complicadas situaciones de vida generadas por una enfermedad”.

El progresivo avance de la enfermedad de Alzheimer, el aumento del número de personas afectadas y la dependencia que genera esta dolencia en el entorno familiar y, sobre todo, en los familiares cuidadores, supone un coste económico de 31.000 euros anuales de media, entre costes directos e indirectos.

Según datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, durante 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia. De las que 18.356 quedaron pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 pendientes de resolución de prestación.

“Estas cifras ponen de manifiesto la falta de recursos y personal cualificado. Por ello, desde Ceafa ambién reivindicamos que se revise y se adapten los recursos existentes conforme avanza la enfermedad (como las Terapias No Farmacológicas), además de la formación de equipos de valoración y la incorporación de más profesionales en aquellas comunidades autónomas en las que no llegan a cumplir con tiempos de espera razonables”, afirmó la presidenta de Ceafa.

La inversión pública en atención a la dependencia en el año 2021 fue de 9.559 millones de euros. Sin embargo, durante el pasado año, once Comunidades Autónomas disminuyeron el gasto público destinado a la atención a personas en situación de dependencia: Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla-La Mancha.

“Una de las luchas que mantiene nuestra entidad es la de evitar las desigualdades territoriales en muchos aspectos (sanitarios, recursos, diagnósticos...) y también en la inversión en dependencia, ¿no sería posible establecer unos requisitos mínimos comunes para intentar evitar estas desigualdades, por ejemplo, en tiempos de valoración, en prestaciones idénticas según el grado y el nivel de dependencia, en recibir la prestación o el recurso más apropiado según la fase de la enfermedad y la necesidad del paciente?”, se preguntó Mariló Almagro.

En 2021 hubo 75.776.923 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales que se devolvieron a las arcas del Estado. “Una cuantía que permitiría haber atendido a 13.000 nuevas personas dependientes”, indicó la presidenta. “Además, algunas comunidades autónomas hicieron caja con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”, concluyó la presidenta de Ceafa.