En un comunicado, la organización considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha atendido "las reiteradas demandas de las organizaciones de derechos humanos que reclamaban un Pacto centrado en las personas y sus derechos". Por contra, aseveran, el Gobierno ha hecho "todo lo contrario, ya que plantea aplicar la nueva normativa de una manera diferente a la anunciada por el presidente del Gobierno".

"Dentro del amplio margen de maniobra que tienen los Estados miembro para hacerlo de manera garantista y humana, el Gobierno español ha optado por opciones más duras, en la línea de los países con políticas más restrictivas en la UE y cuando se cumplen más de tres semanas de la entrada de miles de personas en Ceuta, donde la situación humanitaria y de derechos humanos sigue siendo crítica", reitera.

"Hemos perdido una oportunidad histórica de liderar la Europa de los valores y los derechos. Con este proyecto de Ley, nuestro Gobierno plantea medidas regresivas que no solo se han mostrado fallidas, sino que ponen en grave peligro a personas que pueden necesitar protección internacional", señalaron la directora y director general de CEAR, Mónica López y Mauricio Valiente.

La organización explicó que la propuesta del Gobierno establece causas no obligatorias para aplicar el procedimiento fronterizo, menos garantista, como tener en cuenta el primer país de asilo o si procede de un supuesto tercer país seguro o país de origen seguro, entre otras. Actualmente el Pacto europeo solo exige a los Estados miembro aplicarlo cuando la tasa de reconocimiento de protección internacional en la UE sea igual o inferior al 20%; cuando la persona represente un presunto peligro para la seguridad nacional o el orden público, o cuando oculte o falsee información o documentación relevante, indicaron.

También el anteproyecto de Ley incluye la elaboración de listados nacionales de países seguros, así como establecer excepciones al derecho de asilo en situaciones de crisis o fuerza mayor, medidas que los Estados miembro no están obligados a aplicar.

Por otra parte, detallaron, la norma anunciada ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, permite la extensión de las detenciones y de la privación de libertad, tanto durante el triaje -de 72 horas hasta 7 días con autorización judicial-, como durante el procedimiento fronterizo -de un máximo de 8 días pasaría a dos semanas-. Asimismo, se mantienen los 60 días actuales como plazo de internamiento, pero se prevé la posibilidad de internar de nuevo a la persona, hasta un máximo de 120 días, si solicita protección internacional.

Además, desaparecen las razones humanitarias de la legislación de asilo, aunque el Pacto no impide que los Estados miembro puedan establecer estos estatutos. Tal y como están contempladas en la actual Ley de Asilo, con la interpretación que le ha dado la amplia jurisprudencia, no generan confusión con los estatutos de protección internacional.

CEAR también denunció que el anteproyecto de Ley dificultaría enormemente la reagrupación familiar de las personas refugiadas al exigir requisitos de medios económicos y vivienda adecuada si se presenta la solicitud de reagrupación pasado un año, un criterio que en la actual Ley no es obligatorio, aseguraron.

Por último, la organización destacó que se proponen enormes retrocesos en garantías fundamentales como la libertad de movimiento, la reagrupación familiar, el derecho a la información y no aborda el reconocimiento de las persona apátridas, entre otras cuestiones.

"La nueva Ley de Asilo será la tercera que se apruebe durante el periodo democrático. Pedimos al Gobierno español que recapacite y retire esa propuesta para que no sea recordada como la más involucionista de las tres", concluyeron desde CEAR.