En un comunicado, lamentó que "haya fracasado la oportunidad que suponía la Presidencia española de la UE para alcanzar un Pacto justo y con derechos.

Según la reforma del sistema migratorio común, en 2024 las personas solicitantes de asilo deberán someterse a una serie de controles obligatorios durante los que corren el riesgo de permanecer en privación de libertad hasta que se les permita la entrada en la UE.

"Esto se haría bajo la presunción de una “ficción jurídica de no entrada”, contraria al Derecho Internacional y representativa del intento de consolidar las fronteras como “espacios de no derecho”, denunció CEAR.

Agregó que algunas personas "tendrán menos garantías y derechos por el mero hecho de proceder de un determinado país o por estar indocumentadas, ya que se aplicarán criterios discriminatorios y procedimientos fronterizos acelerados".

A su juicio, esto es "contrario a la prohibición de discriminación por nacionalidad y a la obligación de una evaluación individualizada", y "supone una amenaza real al principio de no devolución".

Además, la organización mostró su preocupación por el mecanismo de “solidaridad a la carta” que se pretende aplicar, ya que no "aliviará la presión migratoria que reciben los países fronterizos como España y que está en el origen de la necesidad de una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo".

Este mecanismo fijará un objetivo de 30.000 reubicaciones anuales para el conjunto de la UE en situaciones de crisis, pero los estados miembro podrán cambiar sus cuotas por un pago de 20.000 euros por cada persona no reubicada.

Finalmente, CEAR destacó que la ampliación de las vías legales y seguras para que nadie tenga que arriesgar su vida buscando asilo queda totalmente fuera de este acuerdo", que se "centra en impedir que las personas lleguen y sean expulsadas lo más rápidamente posible".

“Se ha desvirtuado la naturaleza y el origen del Pacto, que inicialmente perseguía mejorar los sistemas de asilo con más garantías y establecer un reparto equitativo de las responsabilidades entre los Estados, aliviando las presiones de los países del sur de la UE, algo que no se resuelve con este acuerdo", criticó Estrella Galán, directora general de CEAR.