En una nota de prensa achacó esta devolución a al retraso en la tramitación de sus solicitudes por parte de España, e incidió en "las graves amenazas y vulneraciones de derechos humanos que persisten en Afganistán", “a las que ahora se enfrentarán estas personas”.

La devolución afectó a la mujer, hijo e hija, madre, padre y dos hermanas de A. K., un ciudadano afgano al que CEAR prestaba asesoría jurídica de cara a conseguir la reagrupación de sus familiares.

Los seis miembros de la familia llevaban "casi dos años atrapados en Pakistán, a la espera de una respuesta de las autoridades españolas que no llegó a tiempo para evitar el fatal desenlace", criticó CEAR

Apuntó que, pese a tener acreditada documentalmente la relación familiar con A.K., un año y medio después de formalizar la solicitud, el consulado español les pidió pruebas de ADN, que dieron resultado positivo el pasado mes de junio. "Casi cuatro meses después, seguían pendientes de una respuesta de la que dependía sus vidas".

Durante estos casi dos años que se demoró la tramitación, la familia tuvo que prorrogar su visado en Pakistán en varias ocasiones hasta septiembre de 2023. Por su parte, las autoridades pakistaníes pusieron como fecha límite el 30 de noviembre para que los migrantes sin autorización abandonaran el país.

Como consecuencia, el pasado 9 de octubre deportaron a más de 1.700 personas afganas a su país, “donde su vida y sus derechos no están garantizados”. Entre ellas, la familia de A.K., que pese a "cumplir todos los requisitos para el estatuto de protección subsidiaria en España, vieron vulnerado este derecho y el principio de no devolución por los retrasos en la tramitación".

Según CEAR, este caso "demuestra una vez más la necesidad urgente de agilizar los procesos de reagrupación familiar, garantizando que toda solicitud sea registrada de manera rápida y tramitada sin dilaciones indebidas".

Con este objetivo, reclamó mejorar la comunicación entre los ministerios implicados, ampliar el número de familiares elegibles para la reagrupación, flexibilizar los requisitos para la solicitud, expedir visados y facilitar salvoconductos a las personas indocumentadas.