Según CEAR, las personas rescatadas por el patrullero 'Río Tajo' el pasado jueves "están bajo control efectivo de la Guardia Civil", por lo que España debe cumplir el Convenio Europeo de Derechos Humanos antes de trasladarlas y devolverlas a un país como Senegal, "para no incurrir en una posible vulneración de la legislación internacional".

Su traslado "podría ser considerada una posible devolución colectiva", advirtió. Señaló también que entre otras cuestiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dicta que estas personas tienen derecho a ser informadas por personal capacitado con el apoyo de intérpretes y asesores legales.

Además, destacó que entre las personas rescatadas podría haber necesitadas de recibir protección internacional , "algo que debe de tener en cuenta la Guardia Civil a la hora de informarles debidamente, registrar su solicitud en caso necesario y trasladarlas a España para que puedan formalizar la petición ante las autoridades competentes".

Finalmente, la organización alertó de que en estos momentos en Senegal no se garantizan los derechos a gran parte de su población por la creciente inestabilidad que vive el país, donde miles de personas han sido detenidas en los últimos meses por manifestarse contra el Gobierno, incluido el principal líder de la oposición".

Según Estrella Galán, directora general de CEAR, "devolver a estas 168 personas a un país como Senegal, que atraviesa una delicadísima situación política y social, podría suponer una grave vulneración de derechos y considerarse una devolución colectiva”.

A su juicio, este caso "es un nuevo ejemplo del riesgo que entrañan los acuerdos condicionados al control migratorio o a la externalización de fronteras. Mauritania se ha convertido en los últimos años en un socio estratégico para frenar las llegadas de personas migrantes a España y Europa, a costa de los derechos humanos", explicó CEAR.

Sin embargo, en esta ocasión, ni siquiera las ingentes cantidades de dinero que recibe el país africano han sido suficientes para que abran sus puertos a las personas rescatadas en sus aguas, criticó.

Por ello, lamentó que se siga apostando por "políticas migratorias demostradamente fallidas, en lugar de poner en el centro a las personas y sus derechos" y de "habilitar vías legales y seguras para que nadie se vea obligado a subirse a una embarcación precaria y a jugarse la vida en su intento".