Así lo indicó la organización en un comunicado, en el que también manifestó su deseo de que la nueva Ley de Asilo, cuyo anteproyecto fue aprobado en primera vuelta este martes por el Consejo de Ministros, "no suponga retrocesos en derechos".

Según trasladaron la directora y el director de CEAR, Mónica López y Mauricio Valiente, la organización de ayuda al refugiado espera que "el texto que llegue al Congreso sea un punto de inflexión en la peligrosa deriva que están tomando las políticas migratorias a nivel europeo". "España puede y debe tomar otro rumbo y demostrar que los derechos humanos no son negociables", insistieron.

En este sentido, desde CEAR se mostraron esperanzados en que el Gobierno haya tenido en cuenta para la elaboración del anteproyecto de Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para que se garanticen derechos dentro del marco, "ya restrictivo", del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en aplicación desde el pasado 12 de junio.

Según indicaron, la organización ya remitió al Ejecutivo hace un año sus propuestas para reforzar las "vías legales y seguras" para agilizar las peticiones de protección, "como solicitar el traslado desde embajadas y consulados para que las personas puedan solicitar asilo en territorio español y no tengan que arriesgar su vida en el intento".

Otra de las peticiones trasladada por CEAR es que se ofrezca asistencia jurídica gratuita, el derecho a la información, el derecho a intérprete y el derecho a un recurso efectivo a las personas solicitantes. "O que en la nueva ley quede patente que la detención solo se utilice como último recurso y que, además, se cumpla escrupulosamente el 'principio de no devolución' de la Convención de Ginebra, por el que una persona no puede ser devuelta a terceros países donde sus vidas y sus derechos no estén garantizados".

CEAR también recordó que la situación humanitaria y de derechos humanos en Ceuta, tras la incursión a nado de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos, "sigue siendo crítica" y reclamó la instauración de "un mecanismo de monitoreo independiente en las fronteras para evitar vulneraciones flagrantes de los derechos humanos como las que provocaron las muertes de Tarajal en 2014 o la masacre de Melilla en 2022".