Así lo reclamó en un comunicado en el que consideró “positivos algunos elementos anunciados”, como la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en el sector público o el establecimiento de un régimen sancionador específico y proporcional.

No obstante, y a la espera de conocer el texto articulado completo, CECU señaló que la información difundida hasta el momento “no permite constatar” la incorporación de varias “propuestas clave” trasladadas por la sociedad civil durante el proceso de audiencia pública, tanto por la organización como por la coalición IA Ciudadana.

En concreto, los “puntos clave” solicitados por las organizaciones fueron participación de la sociedad civil en la gobernanza, registro central de algoritmos, prohibición de la biometría en tiempo real para actores privados, definición ampliada de sistema de IA y prescripción desde el conocimiento de la infracción.

En este contexto, la responsable de derechos digitales de CECU, Anabel Arias, dijo “confiar” en que durante la tramitación parlamentaria “puedan incorporarse mejoras fundamentales planteadas por la sociedad civil para garantizar una protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras frente a los riesgos de la inteligencia artificial”.

“Pero, además, será clave dotar a esta norma de mecanismos de supervisión y ejecución sólidos. Sin una aplicación efectiva, con autoridades capacitadas, recursos suficientes y capacidad sancionadora real, existe el riesgo de que las obligaciones previstas queden en papel mojado”, apostilló.

Por último, CECU pide “transparencia inmediata” a través de la publicación del texto íntegro del proyecto de ley para evaluar si las alegaciones han sido atendidas.