Así lo advirtió en un comunicado emitido tras su asistencia, este martes, a la Mesa Social de Pobreza Energética, convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en la que se presentó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026–2030, que se publicó ayer tras “más de un año de retraso".

Durante este periodo, CECU ha formado parte activa en los procesos de participación abiertos para la actualización de la estrategia, en los que ha trasladado sus propuestas para un abordaje “efectivo” de la pobreza energética en España, algunas de las cuales han sido tenidas en cuenta para esta nueva estrategia.

Sin embargo, criticó que la automatización de la concesión del bono social, una de las principales medidas reclamadas por la organización, “no ha sido incorporada en el texto” y su experta en energía Soledad Montero aseveró que la estrategia “progresa en la dirección correcta”, si bien lamentó que medidas como la automatización del bono social, “tan importantes para garantizar que las ayudas lleguen a quienes de verdad lo necesitan, avancen de manera tan lenta”.

En paralelo, sobre la tarifa social, otra de las propuestas principales de CECU, Montero declaró que “ni se menciona ni se la espera, por ahora”. “Lamentablemente, estamos aún muy lejos de conseguir esta medida. Como sabemos, las políticas del mercado único europeo se dirigen hacia la libre competencia y una tarifa social o incluso la tarifa PVPC se considera intervención del Estado, cuando es una protección al consumidor frente a abusos y malas prácticas comerciales de las compañías”, añadió.

MEDIDAS CLAVE

En este contexto, la federación subrayó que, de los cuatro ejes que incluye la estrategia, el segundo está dedicado “exclusivamente” a la protección de las personas consumidoras, por medio de cuatro medidas que ya se han incluido en el recientemente aprobado nuevo Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica y que incluyen protección frente a cortes de suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes, protección frente a refacturaciones imprevistas por errores de lectura así como protección frente a la contratación abusiva y protección de la cobertura del bono social.

En este sentido, Montero avanzó que la federación estará “muy atenta al avance de estas normativas” y juzgó “necesario” la articulación de medidas estructurales “profundas y definitivas si queremos acabar con el problema de la pobreza energética”. “El resto solo alivia algunas situaciones y mantiene el lucro indecente de las grandes compañías energéticas”, agregó.