La federación ha presentado alegaciones a la audiencia e información pública del proyecto Plan Social para el Clima (PSpC), un fondo dotado con 9.099 millones de financiación europea y estatal para el periodo 2027-2032, cuyo objetivo principal es paliar los efectos de la entrada en vigor del Nuevo Régimen de Comercio de Emisiones (ETS2) sobre la población más vulnerable.

“El ETS2 supondrá la ampliación del mercado de emisiones a las edificaciones y el transporte, ámbitos que hasta ahora quedaban fuera, lo que se traducirá en un aumento de los precios de los suministros con altas emisiones de CO2”, detalló.

Aunque la organización dice “compartir el diagnóstico de partida”, considera que el diseño actual del plan “adolece de importantes carencias que pueden comprometer su efectividad”.

“Solo 4.723 millones de euros —el 52% de la financiación— se destinan al sector de la vivienda, una cifra claramente insuficiente”, lamentó.

Asimismo, de las cinco medidas que introduce el plan para reducir el impacto del ETS2 en hogares vulnerables, tres de ellas están destinadas a la rehabilitación energética de las viviendas a escala de barrio, edificio y vivienda unifamiliar.

MÁS DEMANDAS

Sin embargo, CECU alerta de que los criterios de vulnerabilidad son “demasiado amplios, lo que puede dar lugar a una desvirtuación de los fondos y poner en peligro el cumplimiento de los objetivos”.

La organización también cree que la cuantía destinada a rehabilitación es “completamente insuficiente”. “Tomando como referencia el coste medio de una rehabilitación integral de 25.000 euros por vivienda —según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia—, se podrían rehabilitar 96.120 viviendas, lo que supone apenas el 0,36% del parque de viviendas del Estado”, apostilló.

Además, la mayor parte del presupuesto de vivienda —1.813 millones de euros— se destina a la promoción de vivienda social de nueva construcción y CECU cuestiona que esta medida esté “alineada” con los objetivos del Plan Social para el Clima, ya que “no reduce el impacto del ETS2 de manera inmediata sobre los hogares vulnerables”.

“Además, la construcción de vivienda nueva es una de las actividades que más emisiones de CO2 producen”, recordó.

VIVIENDA INFRAUTILIZADA

En este contexto, el experto en vivienda de CECU Eloy Gutiérrez reclamó que esta partida se destine a la captación y rehabilitación de vivienda infrautilizada, como vivienda turística o vivienda en desuso, para “aumentar la cartera de vivienda social de manera más rápida y con un menor impacto ambiental”.

El plan destina 300 millones de euros a comunidades energéticas, autoconsumo colectivo y sistemas de almacenamiento, con la condición de que al menos el 10% de la energía generada o ahorrada se destine gratuitamente a consumidores vulnerables del entorno.

CECU defiende que este enfoque “es insuficiente y perpetúa un modelo asistencialista, similar al del bono social, que reduce a los hogares vulnerables a meros beneficiarios pasivos”.

La organización reclama que se garantice su participación como miembros de pleno derecho en las comunidades energéticas, con voz y voto.