En un comunicado, los empresarios madrileños exigieron al Gobierno “respeto a la libertad de empresa” y “dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial”.

En su comunicado, CEIM continuó señalando que “es inaceptable” que se introduzca la política en las iniciativas empresariales y reclamó que se respete “el margen de autonomía de dirección para el empresario”, pues de lo contrario, “estaríamos hablando de una empresa pública”.

CEIM recordó que las empresas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña ya ofrecen de forma mayoritaria la atención en catalán a los clientes y proveedores, “fruto de su propia estrategia empresarial y de negocio, sin necesidad de imposiciones”.

Precisamente, a este respecto, los empresarios de Madrid criticaron que la medida no se haya debatido con las propias empresas, que son las afectadas directamente, y que se aplique “sin medir las consecuencias”. Aunque consideraron que “puede ser comprensible desde una perspectiva nacionalista”, les “sorprende” que el Gobierno “acepte intervenir” en la libertad de empresa. CEIM lo interpretó como “un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder”.

Los empresarios de Madrid insistieron en que, en un contexto marcado por un incremento de la presión fiscal y de los costes sociales sobre las empresas, esta obligación supondría que las empresas de los sectores básicos de interés general tuvieran que implementar un servicio de atención al cliente en catalán, con sobrecoste y “la merma” a la productividad.