Las tres organizaciones denunciaron que la plantilla de la Seguridad Social está compuesta por 25.000 personas, pero tiene un déficit de 7.000 puestos de trabajo, lo que tiene como consecuencia que la ciudadanía esté recibiendo un servicio “deficiente” en sus gestiones básicas con este organismo, padeciendo el retraso en las citas, cierre de atención de oficinas, colas interminables y demoras en la concesión de prestaciones.

Según CSIF, estos 25.000 efectivos atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 1,4 millones de empresas, incontables incapacidades temporales, maternidades, paternidades, etc. Además, está previsto que en el plazo de cinco años se jubile el 28,5 por ciento de la plantilla, y en 10 años un 36,08 por ciento adicional, es decir, casi dos tercios de la plantilla actual, por lo que el organismo “colapsará”.

En este sentido, criticó que el Ministerio de Seguridad Social pretende suplir las necesidades con la próxima contratación de 1.615 interinos, “un personal de quita y pon que no soluciona los problemas estructurales del organismo”. Mientras tanto, la resolución de un macroconcurso con 12.000 participantes para casi 8.000 plazas “ahora está comprometida y sin fecha de resolución por publicar”.

Los 25.000 empleados y empleadas de la Seguridad Social también atienden aproximadamente a medio millón de hogares con Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que ha hecho que la tramitación de esta ayuda haya “colapsado y generado una inmensa bolsa de expedientes pendientes”, según CSIF.

Según este sindicato, la realidad es que esta prestación está gestionada, además de por el personal de la Seguridad Social, por 1.050 interinos que fueron contratados de manera “precipitada” para dedicarse en exclusiva a tramitar el IMV y cuyos contratos terminarán como muy tarde en septiembre de 2023, lo que supondrá una “nueva carga de trabajo” para una plantilla que ya está “sobrepasada y envejecida”.

Ante esta situación, CSIF considera que “el denominado Escudo Social del Gobierno está seriamente comprometido en uno de los peores momentos económicos de los últimos años, ante la escalada de precios, la crisis energética y la desaceleración”.

“Consideramos urgente realizar un plan de recursos humanos para reforzar la Administración General del Estado y ámbitos clave de nuestro Estado de Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia)”, agregó.