Así lo recoge un comunicado difundido por CEOE y Cepyme, en el que pone el foco en el segundo de los decretos, y sobre el que trasladaron su “firme rechazo” a las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler, ya que suponen una “injerencia injustificada” en el derecho a la propiedad privada y generan una “preocupante inseguridad jurídica”.

“Advertimos de que este tipo de intervenciones, incorporadas en un paquete de carácter extraordinario vinculado a la crisis energética y económica derivada del conflicto, desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos”, agregaron las patronales.

No obstante, clarificaron que, una vez se publique el texto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), analizarán en detalle el alcance del conjunto de medidas y sus implicaciones económicas y jurídicas.

“Reiteramos la necesidad de políticas públicas que refuercen la seguridad jurídica y se centren en los objetivos propios de la situación de emergencia, evitando planteamientos intervencionistas e ideológicos que ya han demostrado su ineficacia”, concluyeron.