Fuentes de CEOE advirtieron de que, a la espera de conocer el texto y el alcance de lo pactado, la medida supondría un aumento de la carga burocrática, “en contra de la necesaria reducción que venimos defendiendo en España y en el ámbito de la UE”, así como un incremento de costes operativos y de adaptación. Igualmente, implicaría “pérdida de competitividad” para las empresas.

La patronal también trasladó “inquietud” por el impacto que tendría la obligación de atender en catalán sobre la eficiencia y la calidad del servicio para empresas sin implementación en los territorios donde no se hablan lenguas cooficiales como es el catalán.

Ayer, martes, Junts anunció que tenía un acuerdo con el Gobierno para, a través de la tramitación del proyecto de Ley de atención a la clientela, “asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas y evitar la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña”. Afectaría a empresas de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones anuales. Los sectores afectados son el de electricidad, suministro de gas, de agua, compañías de telefonía, aeronáutica, ferroviarias, transporte en autobús, servicios postales, plataformas audiovisuales de pago, bancos, aseguradoras y empresas de servicios públicos.