Así se expresó Pedreño en una comparecencia en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja, donde presentó las demandas de Cepes en relación con el proyecto de ley que ahora debe tramitarse en dicha comisión tras superar en el Pleno el veto presentado por Vox.

“Fue la primera Ley de Economía Social en todo el mundo”, valoró Pedreño, quien destacó que permitió “situar a la economía social española como referente a nivel europeo y mundial”. “Queremos que vuelva a ser ejemplo de consenso y diálogo”, afirmó.

En cuanto a sus demandas, las centró en tres factores. El primero es que se asegure su financiación con una fiscalidad adecuada y preservando líneas presupuestarias estables.

También pidió que se mantenga la promoción de la economía social y su prioridad explícita y transversal en las políticas públicas, así como que se desarrollen marcos legales y jurídicos coherentes con sus necesidades reales.

A este respecto, señaló que hoy en día en Europa la economía social da empleo a 14 millones de personas, el 6,3% de la población activa, y que tiene una facturación anual que supera el billón de euros, comparable a la del turismo.

Además, apuntó que impulsa “un modelo de empresa que crea riqueza y empleo sin sacrificar la solidaridad ni la dignidad humana y que “siempre en periodos de crisis y turbulencias globales ha demostrado su resiliencia y su capacidad de generar confianza”.

Por ello, incidió en la importancia de que la nueva ley permita a las empresas del sector seguir siendo competitivas sin dejar de dar prioridad a sus objetivos sociales y recordó que son “actores clave” en sectores como la vivienda, la energía, la asistencia, los cuidados, la alimentación, la innovación social y tecnológica o la educación.

“Es un factor de resiliencia para la sociedad”, defendió Pedreño, quien reivindicó también su “valor añadido único” por favorecer la cohesión social y territorial, el arraigo local y el empleo inclusivo.

En esta línea, defendió que “son empresas que no se deslocalizan”, que “reinvierten gran parte de su beneficio para generar empleo y crecer” o que “priman las personas y el fin social sobre el capital”.

Por todo ello, concluyó que la nueva ley es “una oportunidad para actualizar, fortalecer y dotar de mayor visibilidad y reconocimiento” al sector y a su “papel como pilar del sistema económico”. “Son empresas sí, pero son empresas con alma”, sentenció.

Por último, recordó que en España las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades y fundaciones sin ánimo de lucro representan el 10% del PIB, el 12,6% del empleo y a más de 74.000 empresas y entidades sociales.

La nueva norma modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social. Así, adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la economía social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.

En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.

El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75%.

Asimismo, modifica la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con el consenso del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.

También incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral.

Paralelamente, se modifica la ley clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.