En un comunicado remitido este lunes, Cepes hizo alusión a la nueva estrategia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 16 de julio, que reconoce la obligación de incorporar a las entidades representativas de la economía social en los procesos de elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas, lo que se materializa en la planificación estratégica del empleo a través de medidas tangibles y vinculadas a derechos.

Se trata del “mayor impulso dado hasta la fecha” a la implicación de la economía social en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas activas de empleo, alineándose de forma clara con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

La nueva estrategia incorpora numerosas medidas que sitúan a la economía social como un actor estratégico en la vertebración del empleo inclusivo, sostenible y de calidad y durante el proceso de consulta, Cepes presentó propuestas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que recogió “muchas” en el texto final.

Se reconoce expresamente a las entidades representativas de la economía social como aliadas clave en la promoción del emprendimiento mediante empresas inclusivas, cooperativas y proyectos de economía verde; como aliadas para la prospección de las necesidades del tejido educativo; para generar conocimiento y diagnóstico territorial del mercado laboral; crear programas públicos de empleo para colectivos con dificultades de inserción; colaborar en nuevos instrumentos jurídicos de ejecución de políticas activas como convenios o contratos-programa; identificar recursos y actores del ecosistema, y acompañar a las empresas y los agentes económicos en la contratación o el relevo generacional.

Para el presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, “este marco estratégico supone un hito sin precedentesen el reconocimiento, integración y fortalecimiento de la participación institucional de las entidades de la economía social dentro del Sistema Nacional de Empleo”. Asimismo, Pedreño destacó que “este avance supone un antes y un después para la economía social, situando a España a la vanguardia de Europa en la integración de la economía social como pieza estructural de un Estado social y democrático, más inclusivo, eficiente y con mayor justicia territorial y social”.