Asimismo, esta patronal considera “imprescindible” que esta regulación tenga en cuenta la realidad de la empresa, especialmente de las pequeñas y medianas, y las condiciones especiales de los sectores económicos y que su aplicación tenga resultados eficientes en la práctica, reduciendo los plazos medios de pago, que ocasionan “graves problemas” de liquidez y de financiación a las pymes.

“La morosidad en las operaciones comerciales es un problema generalizado en Europa, que tiene graves efectos negativos sobre la liquidez de las empresas y afecta de manera especial a las pymes, por sus menores recursos y capacidad de negociación con los proveedores y clientes, y mayor debilidad para afrontar el retraso de pagos. La morosidad supone un incremento de los gastos de financiación de las empresas, que deben asumir periodos elevados de demora en los pagos, ocasionando costes muy altos, a veces inasumibles, y limitando su capacidad de competir y reinvertir”, alertó la patronal de las pymes.

También resaltó que la morosidad, “altamente nociva” para el tejido productivo, no tiene la misma incidencia en todos los países de la UE. Tomando los extremos, y según la Encuesta de Pagos D&B recogida en la documentación con la que trabaja la Comisión Europea, los pagos que se efectúan después de la fecha de vencimiento oscilan entre el 10% de Dinamarca y el 86% de Rumanía.

En España los pagos atendidos fuera de plazo alcanzan el 56%, en línea con Francia (58%), Bélgica (56%) y por debajo de Italia (62%), pero lejos de Alemania (35%).