“Esta exclusión de las patronales en asuntos clave demuestra un desconocimiento de la realidad empresarial y un riesgo creciente para el tejido productivo, donde las pymes representan el 99 % del tejido empresarial español”, denunció esta patronal en un comunicado.

Además, señaló que el Artículo 7 de la Constitución Española reconoce la libertad de organización de las asociaciones empresariales y su derecho a defender los intereses económicos y sociales de sus asociados.

En este contexto, Cepyme reafirmó que su posición no es obstaculización, sino la legítima defensa de las pymes ante medidas que afectan directamente a su supervivencia y competitividad.

Asimismo, puso en valor que representa a todas las pymes españolas a través de sus organizaciones territoriales, provinciales y sectoriales, lo que le confiere una “fuerza de cohesión y unidad sin precedentes” en la defensa de los intereses empresariales. A su juicio, esta estructura asegura que la voz de las pequeñas y medianas empresas llegue con autoridad, representatividad y conocimiento directo del territorio y de cada sector.

“Las pymes españolas enfrentan desafíos estructurales que amenazan su competitividad y supervivencia. El exceso de burocracia y la sobrerregulación generan costes administrativos que restan tiempo, recursos y capacidad de crecimiento, con un impacto especialmente grave en microempresas sin estructura administrativa. La falta de un diálogo social efectivo ha llevado a decisiones unilaterales del Gobierno y a medidas laborales que no reflejan la realidad empresarial, creando una desconexión entre la legislación y el tejido productivo", agregó la patronal, antes de advertir: “La presión fiscal elevada y el aumento de costes laborales y operativos, incluyendo incrementos del salario mínimo y nuevas obligaciones laborales, reducen márgenes y dificultan la inversión”.

“La vulnerabilidad de la microempresa, las dificultades para digitalizarse y la incertidumbre normativa y la falta de seguridad jurídica completan un panorama complejo que exige atención y acción inmediata. De lo contrario, tendremos más cierre de comercios, más despoblación y menos cohesión territorial”, aseveró.

Así las cosas, demandó al Gobierno un diálogo social “efectivo y transparente, que contemple las necesidades reales de las pymes y evite decisiones unilaterales que comprometan” la inversión, la competitividad y la estabilidad económica. “Es imprescindible promover medidas diferenciales y proporcionales, incentivos fiscales y acompañamiento en digitalización”, ahondó.