De Miguel se expresó de este modo durante el foro ‘Wake UP Spain’, organizado por el diario ‘El Español’, en el que reclamó eliminar las dificultades que sufren las microempresas. “Ahora que se prevé un contexto de crisis y con un tercio en pérdidas, pues probablemente veamos muchas que van a desaparecer”, alertó.

Y es que, según la presidenta de esta patronal, las pymes en España, sobre todo las más pequeñas, llegan a esta crisis de aumento de costes por la guerra en Irán en “muy mala situación”, ya que en los últimos años se han perdido 25.000 compañías de este tipo y con casi un tercio del total de este tejido empresarial en pérdidas: “El problema es que las pymes, sobre todo las micropymes, son las grandes olvidadas de las políticas de este país”.

Asimismo, advirtió de que existen enormes barreras burocráticas y explicó que hay estudios que apuntan a que cualquier pequeño negocio debe cumplir unas 3.000 normas, lo que frena mucho su capacidad de crecimiento. A ello sumó la elevada presión fiscal que, a su parecer, hay en España, y reprobó que “ya se pagan más impuestos por trabajar que por consumir”.

En este sentido, puso el ejemplo de que, de media, el salario mínimo interprofesional (SMI) cuesta a una empresa unos 1.900 euros, mientras que al trabajador le llega mucha menos cantidad. Igualmente, subrayó que en muchas zonas de España el SMI ya se come una parte importante de los salarios, por lo que a veces casi ni se pueden negociar sueldos en la negociación bipartita entre sindicatos y patronal.

En otro orden de cosas, aseguró que las pymes enfrentan problemas como la falta de trabajadores para cubrir vacantes en muchos sectores, con alta y baja cualificación, por lo que se sumó a la petición de CEOE de orientar la política migratoria a la empleabilidad, brindando oportunidades de formación.

Tras ello, se refirió al absentismo laboral, recordando que el coste, entre empresas y administraciones públicas, alcanza los 33.000 millones de euros al año. Por ello, insistió en su tesis de apostar por una mayor inspección sanitaria en los casos en los que no se cumplan los tiempos habituales de tratamientos o recuperación puesto que no solo es un problema económico, sino también de salud de las personas.