En opinión de la ONG, el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado esta semana por el Consejo de Ministros y cuyo plazo de presentación de solicitudes se abre este jueves, supondrá una mejora para el "acceso sin obstáculos a la educación y la salud" de miles de niños.

En concreto, según los cálculos realizados por la ONG en base a su último informe, 'Crecer sin papeles en España', actualmente residen en el país en situación administrativa irregular casi 150.000 menores de 19 años, de los que casi la mitad tenían menos de 10 años hace cinco años, cuando se realizó el estudio.

“Que niños y niñas que ya forman parte de nuestra sociedad pasen a una situación regular en el país es una responsabilidad para cualquier estado de derecho como es el nuestro. No sólo implica mejorar sus condiciones de vida al permitir a los progenitores acceder a ayudas o lograr más estabilidad laboral, si no también garantiza el pleno disfrute de su derecho a educación, sanidad y protección social", afirmó en un comunicado la directora de influencia y desarrollo territorial en Save the Children, Catalina Perazzo.

En su opinión, la regularización servirá también para normalizar la infancia de los menores, "eliminando el estrés, el miedo constante y la inseguridad".

DIÁLOGO CON LA ADMINISTRACIÓN

Desde la organización destacaron que han mantenido un "diálogo abierto" con la administración durante el proceso de creación del real decreto que este martes se publicó en el Boletín Oficial del Estado con el objetivo de que este proceso de regularización pueda beneficiar al máximo número de niños y niñas.

En este sentido, la organización lamentó que finalmente el texto no haya recogido una de sus peticiones: la necesidad de que los niños y niñas pudieran acogerse directamente a la regularización aunque sus padres no obtuvieran la autorización para residir y trabajar en España. Sin embargo, tal como Save the Children solicitó en un recurso ante el Tribunal Supremo, el real decreto elimina del reglamento el silencio administrativo negativo para los menores tutelados. "Esto significa que la falta de respuesta por parte de la administración en el periodo de un mes ya no se interpretará automáticamente como que la solicitud esté rechazada", destacaron.

"Los niños y niñas no deciden cuál es su situación administrativa, pero la irregularidad sí condiciona su infancia y sus oportunidades de futuro. Por eso consideramos que el reglamento les debería ofrecer opciones directas para garantizar su estabilidad jurídica", reclamó Catalina Perazzo.