Según informó este martes el Instituto Armado, en el marco de la operación también se ha actuado con tres empresas frutícolas y tres empresas de trabajo temporal que utilizaban a estos empleados sin respetar sus derechos laborales.

La operación se inició a principios de mes tras recibir tres denuncias sobre las condiciones de vida de estos trabajadores en dos domicilios de Candasnos y en una antigua finca hostelera de la comarca.

Los agentes comprobaron que en las viviendas de Candasnos residían unas 50 personas, incluyendo dos familias con hijos menores, en casas con riesgo de derrumbe, mientras que en la antigua finca hostelera se encontraban hacinadas 147 personas de diferentes nacionalidades.

Las condiciones de habitabilidad eran extremadamente precarias, con instalaciones insalubres, sin canalización adecuada de aguas fecales y con una deficiente instalación eléctrica que suponía un evidente riesgo de incendio. Además, se estaban realizando obras sin autorización para ampliar el número de habitaciones.

EXPLOTACIÓN LABORAL ORGANIZADA

Los detenidos, de 61 y 52 años, mantenían vínculos con empresarios de compañías frutícolas y de trabajo temporal para obtener beneficios económicos mediante el alojamiento de los trabajadores, todos ellos con permiso temporal de residencia y trabajo.

Una de las empresas implicadas retenía parte del salario de los empleados en concepto de alojamiento y transporte, además de imponer condiciones abusivas como el pago diferido del billete de avión de regreso a sus países de origen.

Los trabajadores habían sido contratados en sus países a través del procedimiento de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen, vinculado al Ministerio de Migraciones, para la temporada de recogida de fruta.

REUBICACIÓN DE AFECTADOS

Ante el riesgo que presentaban las instalaciones, las autoridades coordinaron con Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Candasnos el realojo de parte de los trabajadores afectados, quedando el resto bajo la responsabilidad de una empresa frutícola.

La operación ha sido desarrollada por la Compañía de la Guardia Civil de Fraga bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad, contando con la colaboración de la Inspección de Trabajo, Servicios Sociales, Protección Civil y Cruz Roja.

Los detenidos están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en una investigación que ha permitido desarticular una red de explotación laboral en el sector agrícola.

RESPUESTA INSTITUCIONAL

Las autoridades han destacado la importancia de la coordinación entre diferentes organismos para detectar y actuar contra este tipo de situaciones que vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores temporeros.

La investigación ha puesto de manifiesto la necesidad de intensificar los controles sobre las condiciones de vida y trabajo de los temporeros en el sector agrícola, especialmente durante las campañas de recolección.