Así lo manifestó en Ciudad Real el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, en el acto de presentación del programa de facilitación procesal promovido por la Diputación Provincial, la Audiencia Provincial y la entidad social Laborvalía.

El Cermi recordó que, aunque está recogida en las leyes procesales desde hace unos años, la facilitación procesal no dispone de un desarrollo normativo "completo", que la "defina y configure" en el ámbito jurisdiccional y preprocesal, con regulación de su elenco de funciones, su posición en los distintos procesos y los requisitos de acceso para su desempeño, así como su financiación dentro del sistema de la Administración de Justicia.

Según el presidente del Cermi, la regulación de las condiciones básicas de la persona facilitadora procesal en el ámbito jurisdiccional y preprocesal es "imprescindible" para "evitar la confusión normativa" actual, con cada vez más comunidades autónomas que "están abordando la figura sin que el Estado, con competencia exclusiva en materia procesal, haya delimitado bien este recurso".

Para el Cermi, el reparto competencial "es claro" y, según el mismo, "al Estado le corresponde la regulación de la dimensión procesal de la figura y a las comunidades autónomas, la dimensión social de la misma".