Dependencia
El Congreso convalida el decreto de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del sistema de dependencia
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La Diputación Permanente del Congreso aprobó este miércoles por 63 votos a favor y 6 en contra la convalidación del Real Decreto-ley 36/2026, de 10 de noviembre, de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La norma recoge las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado para los tres grados de dependencia de 90 euros al mes para la dependencia moderada; 260 euros, para la severa; y 660 euros, para la gran dependencia.
Además, se recoge la dotación del nivel acordado para el año 2027, para lo que se regulan dos concesiones de suplementos de crédito para dicho ejercicio.
Desde el punto de vista económico, la convalidación de este real decreto-ley implica consolidar el crédito necesario para que la inversión del Gobierno de España en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia alcance en el año 2027 la cifra histórica de 7.240 millones de euros, sumando los dos niveles de financiación estatal a la dependencia: nivel mínimo y nivel acordado.
Esta cifra representa un 124% más de inversión que en 2023, cuando comenzó la presente legislatura y permitirá que la aportación a la dependencia por parte de la Administración General del Estado suponga el 50% de la financiación total del sistema, tal y como se estableció en el Acuerdo de Gobierno de coalición.
Por otra parte, este real decreto-ley convalidado este miércoles ajusta la normativa reglamentaria de la dependencia al nuevo marco legal creado a partir de la reforma de la Lapad, con el fin de asegurar la coherencia del sistema y facilitar la puesta en práctica de los nuevos derechos, servicios y prestaciones reconocidos a las personas en situación de dependencia.
TELEASISTENCIA
En este sentido, la nueva norma modifica, entre otras cosas, la regulación de la teleasistencia, reconociendo este servicio para todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su grado reconocido, se garantiza la prestación permanente las 24 horas del día, todos los días del año, y se declara compatible con el resto de servicios y prestaciones del sistema.
Asimismo, se amplía la definición del servicio de ayuda a domicilio más allá de la vivienda para incluir apoyos en el entorno comunitario, se admite la prestación compartida del servicio entre varias personas usuarias y se garantiza que la atención compartida no reduzca la intensidad individual, según precisó el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado.
En su alocución durante el debate, Bustinduy se congratuló de la “refundación” del sistema de la dependencia que ha impulsado en esta legislatura y de la “inyección” de 6.200 millones de euros en un año y medio con el mismo objetivo después de haber sido “desmantelado” por el Gobierno del PP “justo cuando estaba despegando” y, entre otras cuestiones, también reivindicó el “trabajo arduo” que precedió a la aprobación de las nuevas leyes de discapacidad y dependencia, convencido de que “suponen un giro copernicano, un cambio en el centro de gravedad del sistema” para centrarlo en las “necesidades, deseos y preferencias de la gente que envejece y que necesita apoyo y soporte para vivir en las mejores condiciones durante el mayor número de años posible”.
DEBATE
Por el PP, Ana Isabel Alós lamentó que “detrás de cada cuantía de esta norma hay alguien que lleva en muchos casos meses esperando una ayuda” y aseveró que el Ejecutivo llegaba a la Cámara “con muy poco que celebrar y mucho que explicar”, consciente de que, si las cuantías “estuvieran blindadas, no haría falta este decreto” y de que la financiación de la dependencia “sigue dependiendo de cada ley de presupuestos”, lo cual tildó de “incompetencia” y de “muy poca vergüenza democrática”.
En paralelo, denunció que en las cuantías no hay “ni un euro de actualización, ni por el IPC, ni por el coste real de los servicios que sube cada año” mientras la corresponsabilidad del Gobierno se basa, a su juicio, en “decidir ellos, anunciar ellos y que paguen los demás” y avanzó que, “cuando llegue el momento, el Partido Popular hará lo que este Gobierno no ha hecho, presentar unos presupuestos, financiar de verdad la dependencia y hablar con las comunidades autónomas antes de decidir por ellas”.
Por el PSOE, Carmen Martínez deslizó la “necesidad de garantizar de manera inmediata la efectividad de los derechos reconocidos en la reforma” de las leyes de discapacidad y dependencia y que beneficia a “personas mayores que necesitan apoyos para vivir con dignidad” y personas con discapacidad que “reivindican su autonomía y su derecho a decidir”.
“Quedan, claro que sí, retos importantes”, admitió, en referencia a la importancia de “hacer desaparecer totalmente las listas de espera, reforzar los servicios públicos, garantizar profesionales suficientes y mejorar sus condiciones laborales y conseguir que los derechos se hagan efectivos en todas las comunidades autónomas, vivan las personas donde vivan”. “Por eso, la financiación debe ir acompañada de gestión, de planificación y de compromiso institucional”, añadió, al tiempo que exigió a las autonomías que “los recursos se traduzcan en mejores servicios y en una atención real a las personas”.
CUME
Desde Vox, Rocío de Meer tildó el debate de este decreto de “un ejercicio vergonzoso de campaña electoral” y recordó que “mueren en nuestro país 78 personas al día sin recibir una lista de espera de dependencia”, por lo que la reforma del sistema “lleva siendo urgente ocho años”, al tiempo que defendió que es “una vergüenza lo que ha hecho” el Gobierno “con los servicios sociales en este país” y denunció la situación de la situación de quienes viven con una prestación por hijo con enfermedad grave como es la CUME.
Desde Sumar, Aina Vidal lamentó que, “durante demasiado tiempo, envejecer con dignidad o vivir también con una discapacidad ha dependido básicamente del patrimonio de la familia y la disponibilidad de las mujeres de esa familia”, consciente de que, “cambiar eso es uno de los grandes retos democráticos que tenemos en nuestro país”. “Y en eso estamos”, agregó, para indicar que este decreto “garantiza el dinero, acorta la espera y adapta las normas para que el sistema se ajuste a las personas y no al revés”.
“No queremos ampliar el sistema que tenemos, sino que queremos cambiar la forma en que nuestra sociedad organiza los cuidados, que las personas puedan decidir dónde, cómo y con quién vivir. Que una residencia no sea la única alternativa cuando alguien necesita apoyo. Que una persona con discapacidad pueda desarrollar una vida independiente y participar plenamente en sociedad y que envejecer en un pueblo no signifique tener menos derechos que hacerlo en una gran ciudad”, prosiguió.
Por el PNV, Mikel Legarda afirmó que la dependencia “es un reto colectivo” y que su “organización y dotación de recursos compete a la sociedad a través de los servicios públicos”, convencido de que la reforma es “de extraordinaria y urgente necesidad”, al igual que “garantizar sin demora tanto la continuidad de la financiación correspondiente.
Por ERC, Teresa Jordà advirtió de que, sin financiación “suficiente no hay servicios, prestaciones, ni tampoco hay autonomía personal”, que es, a su juicio, “uno de los problemas estructurales que arroja el sistema de dependencia” e incidió en la relevancia de que el Estado asuma “como mínimo el 50%”, cumpliendo con ello “una responsabilidad que le corresponde” al tiempo que reclamó “un modelo estable y suficiente”.
(SERVIMEDIA)
18 Nov 2026
MJR/clc
