En concreto, desde la plataforma unitaria de la discapacidad recuerdan que la disposición final tercera, apartado segundo, de la Ley 2/2025, de 29 de abril, “establece un mandato para que, en el plazo de seis meses y en el marco del diálogo social, el Gobierno presente una propuesta de modificación de la normativa en materia de Seguridad Social sobre incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo, siguiendo el espíritu y las recomendaciones del Pacto de Toledo”.

Ante la proximidad para que dicho plazo legal expire, el Cermi emplaza al Gobierno “a actuar”, haciendo hincapié en que “esta reforma es absolutamente crucial para asegurar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad sobrevenida”, poniendo de relieve que, en este caso, se trata de “trabajadores que adquieren una incapacidad permanente (en grados de absoluta y gran incapacidad) estando en activo, y sobre los que ahora mismo pesa una férrea incompatibilidad”.

En julio pasado, el Cermi ya planteó a la Seguridad Social su posición de cómo debería ser esa reforma, la cual tiene que “estar presidida por el principio de una compatibilidad amplia, modulando flexiblemente las distintas situaciones en que se obtienen ingresos por vía de pensión de incapacidad y se desempeña una actividad laboral”.