Para ello, ha elaborado una propuesta de modificación de la citada Ley que consiste en "declarar expresamente la concesión del beneficio de justicia gratuita a todas las mujeres y niñas con discapacidad que tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33%".

En concreto, Cermi Mujeres propone añadir al artículo 2 de la citada Ley un nuevo apartado con la siguiente redacción: “Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las mujeres y niñas que tengan un grado de discapacidad oficialmente reconocida del 33% o superior, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre".

Como justificación de su propuesta, Cermi Mujeres recuerda al Legislador que una de las reivindicaciones sistemáticamente expresadas por las mujeres con discapacidad organizadas en nuestro país es, precisamente, la necesidad de remover los obstáculos de toda índole que siguen existiendo a la hora de acceder a la Justicia, dada la falta de un análisis jurídico desde un enfoque interseccional que tome en consideración los diversos ejes de discriminación (género y discapacidad) que convergen dando lugar a situaciones de discriminación más intensa y acusada.

En este sentido, afirmó en un comunicado que "es crucial extender el beneficio de la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y niñas con discapacidad, con reconocimiento oficial de grado, para todo tipo de procesos, con independencia de sus medios y recursos económicos para litigar".