Peláez, que compareció hoy en la subcomisión para el estudio del funcionamiento de la ley integral de medidas contra la violencia de género, aseguró que la clave para que las medidas contempladas en la ley sean exitosas está en contar con las propias asociaciones de la discapacidad ya que "la política social de atención a la discapacidad es insuficiente y no se suele disponer de este tipo de programas".

La representante del Cermi recordó que en la mayor parte de los casos, los Servicios Sociales desconocen las múltiples especificidades de las personas con discapacidad. Además denunció que los profesionales involucrados en la lucha contra la violencia de género no suelen saber cómo afrontar la violencia en las personas con discapacidad y, por este motivo, Peláez reclamó que estos agentes reciban una formación específica.

Por otro lado, propuso la realización de un gran estudio para detectar la violencia de género en mujeres con discapacidad, ya que considera "imprescindible hacer un buen diagnostico de la situación de estas víctimas para orientar las medidas".

Además, aseguró que "muchas veces estas mujeres viven en entornos cerrados y segregados, desconocen que están siendo víctimas de violencia, dependen de su agresor, no tienen acceso a la información y, por falta de accesibilidad, ni siquiera pueden ir solas a comisaría para denunciar".

En este sentido, en su comparecencia, la representante del Cermi criticó que las comisarías, las casas de acogida para mujeres maltratadas, los servicios de emergencia y los sistemas de protección de las víctimas no son accesibles, de modo que en numerosas ocasiones la mujeres con discapacidad maltratadas no se pueden beneficiar de los derechos que les otorga la ley.

Peláez también manifestó que las campañas de sensibilización en los medios no llegan a muchas mujeres con discapacidad ya que "no están subtituladas, ni audiodescritas, ni disponen de información en lengua de signos". Por este motivo, denunció, que "el mensaje no llega y estas mujeres no se ven reflejadas en estas campañas porque no visibilizan su vulnerabilidad".

Además, Peláez recordó que el último informe en este sentido del Instituto de la Mujer, realizado en 2006, refleja que el 8,1% de las personas con discapacidad entrevistadas manifestaban haber sufrido una situación de maltrato en el último año, frente al 13% que son consideradas técnicamente maltratadas, es decir hay evidencias de maltrato aunque ellas no lo reconozcan.

A pesar de todo, la representante del Cermi reconoció los avances realizados en los últimos tiempos y ha destacado la labor del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, donde el Cermi participa con dos vocalías.