Según indicó, este nuevo baremo llega "tras más de diez años de trabajos preparatorios, que han sufrido continuas dilaciones".

Sustituirá al vigente, que data de 1999 y que "había quedado desfasado a la luz del modelo social (para la concepción) de la discapacidad al que obliga la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas", destacó Cermi.

El nuevo baremo, que parte de un amplio acuerdo entre el Estado, las comunidades autónomas y el sector de la discapacidad representado por el Cermi y sus organizaciones, pretende "una valoración más ajustada a la realidad de las personas con discapacidad, por lo que concede mucha mayor relevancia a los factores sociales y contextuales".

Proporcionará criterios comunes más allá del territorio o Administración de referencia, prosiguió, y tratará de "acelerar el procedimiento de valoración, reduciendo los tiempos máximos de espera que sufren hoy miles de personas solicitantes, que superan los dos años en algunas comunidades autónomas".

Además, el Cermi saludó que en el dictamen preceptivo al texto del proyecto de real decreto, el Consejo de Estado acogió varias de sus propuestas e instó al Gobierno a asumirlas.

Entre ellas, destacó la posibilidad de que la persona objeto de valoración acuda al acto acompañada de persona de su confianza, si así lo estima, y la de que en las circunstancias que dan pie a la vía de urgencia esté la necesidad de acceso a prestaciones o apoyos que dependan de la concesión del grado de discapacidad.

El Cermi valoró "el impulso político que ha imprimido el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030" para "culminar definitivamente en un clima de diálogo un proceso de aprobación que se dilataba durante años".