Así lo refleja su informe ‘Realidad Migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas’, presentado en Pamplona en el marco de un acto en el que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó que el Gobierno “ultima” el plan operativo de la regulación extraordinaria de las personas extranjeras que residen en España, una medida respaldada por el informe del CES, que sitúa la regularidad administrativa como “clave imprescindible” para garantizar la integración social y laboral.

El documento, encargado por el Gobierno el pasado año, analiza el papel estructural de la migración en el desarrollo demográfico, económico y social del país y servirá de referencia para “reforzar” una política migratoria “integral, ordenada, humanitaria y con perspectiva de género”, según precisó el ministerio en un comunicado.

La ministra Saiz fue la encargada de clausurar el acto de presentación y, durante su intervención, destacó que el informe ofrece un diagnóstico basado en evidencia y análisis sobre la transformación estructural de la sociedad española, convencida de que la migración “es una realidad estructural que define el presente y el futuro de España. Y, bien gestionada, es una enorme oportunidad”.

La ministra avanzó que el Ejecutivo está culminando los trabajos técnicos y el plan operativo para que la medida sea un éxito, con el objetivo de garantizar un procedimiento “claro, ágil y con todas las garantías jurídicas”, en coherencia con una de las conclusiones del CES que identifica la regularidad administrativa como elemento imprescindible para la integración que evita una vulnerabilidad laboral extrema.

CONTRIBUCIÓN DECISIVA

Según los últimos datos de la Seguridad Social, más de tres millones de personas de otros países están afiliadas y en alta laboral y ocho de cada diez personas migrantes llegadas a España en este siglo se han incorporado al mercado laboral.

En este contexto, la ministra recordó que, desde 2019, la afiliación extranjera ha crecido un 45% y representa ya el 14,1% del total de cotizantes, a su juicio, “un éxito del que nos debemos sentir orgullosos como sociedad”.

A su vez, destacó que el nuevo Plan de Integración y Convivencia Intercultural, en el que trabaja su departamento, se estructurará en torno a tres pilares, como son la regularidad administrativa, el empleo digno y la ciudadanía como base de la cohesión social.

“El objetivo es fortalecer la convivencia, garantizar la igualdad de oportunidades y consolidar una sociedad cohesionada, capaz de traducir la contribución económica y social de la migración en bienestar compartido”, aseguró.

Asimismo, apeló a la responsabilidad colectiva para situar el debate migratorio en el terreno de los datos y la evidencia, frente a los bulos y la desinformación. “Frente a la desinformación y los discursos de odio, respondamos con datos, con políticas públicas eficaces y con responsabilidad”, reclamó.

Por último, aseveró que España "no puede permitirse darle la espalda a la humanidad, a la inclusión y a la prosperidad". "Pongamos el foco en la contribución real, cotidiana y silenciosa de millones de personas que han venido a desarrollar su proyecto de vida en España, y en su derecho a una vida digna”, resolvió.

En cuanto al impacto económico y laboral de la migración, el presidente del CES, Antón Costas, también presente en el acto, coincidió en que “la inmigración, bien gestionada, es una bendición del cielo para nuestra economía, el mercado laboral, las empresas y la demografía del país”.

El estudio del CES defiende que la regularidad administrativa es una condición fundamental para favorecer la integración social y laboral y la igualdad de oportunidades, una conclusión que, según el ministerio, “respalda la estrategia del Gobierno”.