Así se desprende del dictamen aprobado por el CES este martes, en el que también avisa de que “una actualización de los criterios de tamaño empresarial como la prevista por el Anteproyecto requiere una evaluación completa de sus posibles impactos”.

El texto responde a un escrito del del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que tuvo entrada el 8 de julio de 2025, en el que solicitaba al CES dictamen sobre el Anteproyecto de ley por el que se modifican los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas a efectos de información corporativa.

Ese anteproyecto tiene como objetivo trasponer a la legislación nacional los cambios incorporados por la Directiva Delegada comunitaria 2023/2775 por la que se modifica la Directiva 2013/34, en lo que respecta al ajuste de los criterios de tamaño de las empresas o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande a efectos de información corporativa.

La Directiva de 2013 define las sociedades y grupos por categorías de acuerdo con tres criterios de tamaño: el total de balance, el volumen de negocios neto y el número medio de empleados durante el ejercicio. Sin embargo, la de 2023 elevó en torno al 25% los dos criterios monetarios para ajustar los umbrales a los efectos de la inflación acontecida en la UE durante los diez años transcurridos entre las dos Directivas, especialmente en los ejercicios 2021 y 2022.

La Directiva de 2023 también subrayaba la necesidad de simplificar los requisitos de información en el ámbito contable, para proporcionar información a los inversores en los mercados de capitales, dar cuenta de operaciones pasadas y mejorar la gobernanza empresarial, y limitar la carga administrativa. Su trasposición tenía como fecha límite el 24 de diciembre de 2024.

Su aplicación al ordenamiento jurídico español supone cambios, principalmente, en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de Auditoría de Cuentas, y exige modificaciones en el Plan General de Contabilidad de Pymes y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

La trasposición incluye cambios en la futura Ley de información empresarial sobre sostenibilidad, todavía en trámite parlamentario, en lo relativo a la obligatoriedad de elaboración del informe de sostenibilidad.

En su dictamen, el CES ha valoró positivamente el objeto del Anteproyecto de Ley, en la medida en que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva Delegada de 2023, por la que se modifica la Directiva de 2013 en lo que respecta al ajuste de los criterios de tamaño de las empresas o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande, a efectos de información corporativa.

En términos generales, el CES cree que la trasposición “ha sido correcta y adecuada al fin perseguido por la Directiva” que es actualizar los umbrales que determinan los criterios de tamaño de las empresas o de los grupos empresariales para tener en cuenta la inflación acumulada desde la aprobación de la Directiva en 2013.

El CES incidió en “la necesidad de racionalizar y reducir las cargas administrativas innecesarias que soportan las empresas, especialmente las pymes, en aras de mejorar la competitividad empresarial y favorecer con ello la actividad económica y la creación de empleo”, sin olvidar que en algunos casos esas obligaciones de información están vinculadas a la garantía de derechos laborales, sociales, medioambientales y de las personas consumidoras.

En este sentido, recalcó “la necesidad de encontrar un adecuado equilibrio entre la reducción de cargas administrativas y la garantía de los principios de transparencia y acceso a la información”.

En lo que respecta a la actualización de los umbrales que determinan los criterios de tamaño de las empresas o de los grupos empresariales, el CES consideró en su dictamen que las revisiones de dichos umbrales con arreglo a la evolución de la inflación se deberían llevar a cabo de forma automática, ágil y con la diligencia debida.

El CES también recomendó que, en futuras transposiciones de Directivas de esta misma naturaleza técnica, se lleve a cabo una evaluación de todos los posibles impactos y, en caso de que afecten al ámbito laboral, la respuesta debería abordarse en el marco del diálogo social.