El CES valoró positivamente este anteproyecto "porque dota de un nuevo marco legal que aborda conjuntamente el fomento de la lectura".

Sin embargo, el dictamen estima que el Anteproyecto "no refleja un impulso lo suficientemente decidido de los poderes públicos para abordar tal cometido".

Según el CES, la asignación presupuestaria prevista tiene como objetivo "únicamente aumentar la dotación bibliográfica hasta los niveles recomendados por los organismos internacionales y, por lo tanto, se muestra insuficiente para convertir a las bibliotecas en verdaderos centros culturales, que permitan el acceso y difusión de las nuevas tecnologías y de los nuevos soportes, y pongan a disposición del ciudadano una oferta diversa de servicios y propuestas culturales".

Por otro lado, el dictamen llama la atención acerca de "la falta de referencias en el anteproyecto a algunos ámbitos estrechamente relacionados con la cultura, el libro y la biblioteca, como la legislación más reciente en materia de propiedad intelectual, en materia de Educación y la inminente normativa reguladora de los archivos, que deberían formar parte de la estrategia pública de impulso a la sociedad del conocimiento y la cultura".

LOE

En este sentido, el dictamen apunta que "se echa en falta, una mención expresa a las conexiones del Anteproyecto con la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada recientemente".

Entre los objetivos de la Educación Primaria, Secundaria y del Bachillerato contemplados por la LOE, ocupan un lugar destacado el fomento de hábitos de lectura, el estudio de la Literatura y el desarrollo de la sensibilidad artística y literaria.

Además, la LOE incluye, por primera vez, una previsión específica conectada directamente con el contenido del Anteproyecto. En concreto, esta ley se refiere, expresamente, al impulso a las bibliotecas escolares, así como a la posibilidad de convenios con los municipios para el uso de las bibliotecas municipales con esta misma finalidad.

PRECIO ÚNICO

El Dictamen considera que la existencia de un precio único para el libro en todos los puntos de venta garantiza la pluralidad editorial, de títulos, de contenidos, de ideologías y de géneros, incluidos los minoritarios.

Esto ocurre porque impide la diferenciación por la vía de los precios, este sistema "favorece su no encarecimiento" y permite la supervivencia de la red de librerías, mayoritariamente de tamaño reducido, que basan su competencia en criterios diferentes al precio, como son la información y orientación al lector, la diversidad de la oferta o la prestación de servicios culturales.

No obstante, el dictamen precisa que no puede perderse de vista "la innegable dimensión económica del libro en un contexto de economía de mercado, la proliferación de vías alternativas de comercialización y la multiplicación de los canales de acceso, como resultado de los cambios tecnológicos".

Según este planteamiento, defendido por quienes apoyan la transición hacia un sistema de precio libre, la liberalización en un marco de competencia en el mercado del libro conduciría previsiblemente a un abaratamiento de los precios en beneficio de los lectores. A este respecto, se estima que, de producirse tal liberalización, dicho abaratamiento podría tener efectos únicamente en determinados tipos de libros.

Los libros de texto suponen una excepción al precio único en el Anteproyecto. El dictamen valora positivamente este punto, en la medida en que "facilita a las familias el abaratamiento de los libros de texto". No obstante, estima que deben tomarse medidas para evitar la utilización del libro de texto como reclamo para la venta de otro tipo de bienes o servicios.

Por último, el CES considera positiva la creación de un Observatorio de la Lectura y del Libro, recogida en la disposición adicional segunda del Anteproyecto, al entender que "el análisis permanente de la situación del libro y de las bibliotecas, así como de la evolución de las pautas de lectura, son imprescindibles para la corrección de las posibles líneas de acción política encaminada a su promoción y mantenimiento".

Según concluye, la creación de ese órgano debe ir acompañada de una dotación presupuestaria suficiente y "debe darse cabida a la creación de un sistema de indicadores sólido".