El Ministerio de Defensa presentó ayer en el juzgado de guardia de Madrid un conflicto de jurisdicción con el juez Baltasar Garzón para no entregarle los papeles secretos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, afirmando que la Ley de Secretos Oficiales (LSO) lo prohibe.

"Frente a la existencia de la investigación judicial de los delitos no se puede alegar el secreto oficial para no entregar al juez encargdo el material que éste pida", dijo Alonso.

Recordó que las competencias constitucionales son claras y establecen además que la investigación del delito corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales y que "el Ejecutivo tiene el deber genérico de colaborar con la Administración de Justicia en la investigación".

El portavoz de JpD señaló a Servimedia que los jueces y tribunales tienen la obligación de pedir el material declarado secreto oficial, siempre y cuando éste sea relevante para la inestigación criminal que llevan a cabo.

Alonso expresó "muchas dudas" sobre la existencia de bases jurídicas y de hecho para establecer en este caso conflicto de jurisdicción, ya que éste se da cuando hay una contienda entre poderes del Estado, que entienden que cada uno de ellos es competente para conocer un determinado asunto. "En este caso, tal competencia está clara: para investigar los delitos están los jueces de instrucción", dijo.