Molins subrayó que con independenciade la decisión adoptada por la magistrada de este caso, Serra y García Vargas se vieron obligados a abandonar sus cargos por las actividades irregulares detectadas en el CESID, que dieron lugar a escuchas ilegales y a que esa información circulara al margen de los servicios secretos.

El cabeza de lista de CiU por Barcelona puso de relieve que la incompetencia del ex vicepresidente del Ejecutivo y del titular de Defensa posibilitó que esa información fuera "vendida" o "regalada" a terceros, "lo que diomunición", precisó, "al complot que en su día denunció el Gobierno, así como al presunto chantaje al que fue sometido".