Romero declaró a Servimedia que dicho Estatuto debería reflejar una serie de retribuciones y compensaciones económicas a los ex agentes del CESID para que éstos no realizaran trabajos privados en los 4 o 5 años posteriores a su marcha del centro.

Asimismo, dijo, ese estatuto debería conter una relación de organismos o entidades privadas en los que los exmiembros del Cesid no puedan prestar sus servicios, como el caso de las agencias de seguridad privada, embajadas de terceros países y otras instituciones.

El actual portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga estima necesaria una reestructuración a fondo de los servicios de inteligencia, que pase por un organigrama de dirección política y un calendario de objetivos que sea supervisado por el Parlamento.

Romero explicó que tras el escándalo de las escuchas del CESID España demanda una reestructuraión completa de sus servicios secretos, para adecuarlos a los preceptos constitucionales y situarlos en pie de igualdad con los servicios de otras democracias europeas y americanas.