Fungairiño, encargado del caso, basa su petición en que no ha quedado debidamente justificada la perpetración del delito que se investiga en el caso.

La petición del fiscalse produce después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera dar luz verde a la apertura del juicio oral contra el presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y otros altos cargos del banco por el caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, aunque por menos delitos de los que estableció la juez instructora de la causa, Teresa Palacios.

Ahora, las acusaciones deberán presentar sus respectivos escritos, tras lo cual la juez Palacios deberá decidir si dicta uto de apertura de juicio oral. En caso afirmativo, la magistrada recibirá las alegaciones de las defensas.

Todo esto deberá elevarse a la Sala de lo Penal, que habrá de decidir, a la vista de la documentación, si sobresee la causa o si fija la fecha para la celebración del juicio oral.

Según la investigación de Teresa Palacios, las cesiones de crédito fueron un producto financiero puesto en marcha por el banco para captar fondos fiscalmente opacos, garantizando este extremo a los clientes, que s evitaban así el pago de las retenciones de Hacienda.

Concretamente, la juez considera "imputados-responsables" del asunto de las cesiones de crédito al presidente del entonces Banco de Santander Emilio Botín, a los consejeros Rodrigo Echenique y José Ignacio Uclés, al responsable de la asesoría jurídica de la entidad, Lorenzo Solanay al subdirector adjunto a la dirección de sucursales, Ricardo Alonso Clavel.

A todos ellos imputó los 138 supuestos delitos fiscales, reducidos recientemente a 38, pr cooperación necesaria o inducción y falsedad continuada en documento oficial respecto de las cesiones y otro delito fiscal de cooperación necesaria y falsedad en documento mercantil, en lo referido a las personas que se prestaron a "que se utilizase su identidad en sustitución de los titulares verdaderos" de las cesiones.

La investigación de este caso se ha prolongado durante más de 10 años y ha contado con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, del Abogado del Estado e incluso de la ala de lo Penal de la Audiencia, que en marzo de 2002 dijo que no se podía imputar al banco una responsabilidad general sobre las cesiones, pero sí actuar en cada uno de los procedimientos abiertos a los clientes que contrataron esos productos.

El caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander se inició con una querella presentada en la Audiencia Nacional por el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos en marzo de 1992, aunque posteriormente desistió de ejercer la acusación popular en las acuaciones.