En Ceuta, el 28,5% de los encuestados se declara “muy insatisfecho” con la sanidad pública, el porcentaje más alto del conjunto nacional. En Melilla, esta cifra alcanza el 11,3% y sitúa también a la ciudad entre las peor valoradas del país.

La encuesta del CIS apunta, además, a que hay una percepción extendida de mal funcionamiento del sistema de salud. Un 33,9% de los ciudadanos de Ceuta considera que la sanidad pública “funciona mal y necesita cambios profundos”, mientras que en Melilla este porcentaje se sitúa en el 18,8%. A ello se suma que más de la mitad de la población melillense (54,8%) cree que el sistema requiere cambios fundamentales.

La pérdida de confianza se refleja también en gran medida en la preferencia por las alternativas privadas. El 64,6% de los melillenses y el 45% de los ceutíes optarían por la sanidad privada si tuvieran libertad de elección, según recoge el barómetro del CIS.

Ceuta y Melilla presentan una singularidad dentro del Sistema Nacional de Salud. Son los únicos territorios cuya sanidad depende directamente de la Administración General del Estado, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), al no tener transferidas las competencias sanitarias a estas ciudades, como ocurre en el resto de las comunidades autónomas. Este modelo centralizado sitúa la planificación, la asignación de recursos y la política de personal bajo gestión estatal del Ministerio de Sanidad que lidera Mónica García.

En los últimos años, distintos informes y organizaciones profesionales han venido señalando dificultades estructurales en ambos territorios, como problemas para cubrir determinadas especialidades, una elevada presión asistencial y el recurso frecuente a derivaciones a la Península.

Los datos del barómetro muestran que, en prácticamente todos los grandes indicadores de satisfacción y funcionamiento, Ceuta y Melilla parten de una posición más desfavorable que la media del Sistema Nacional de Salud, lo que refuerza el debate sobre la capacidad del actual modelo de gestión para responder a las necesidades sanitarias de ambos territorios.

El Real Decreto 118/2023 reconoció que todos los puestos sanitarios del Ingesa en Ceuta y Melilla debían considerarse de difícil cobertura, abriendo la puerta a incentivos específicos para atraer y retener profesionales. Sin embargo, sindicatos y plataformas médicas denuncian que ese marco ha quedado en papel mojado: sin una política clara de incentivos, sin concursos de traslados regulares y con productividades de enfermería de las más bajas del sistema.