La propuesta consta de dos ejes principales: en primer lugar, la elaboración de un mapa judicial de riesgos y de un sistema de alertas que permita disponer de datos actualizados sobre las cargas de trabajo de todos los órganos judiciales, tanto unipersonales como colegiados. Para dar cumplimiento a esta iniciativa, se solicitará al Servicio de Inspección un informe sobre los órganos judiciales con módulos de entrada de asuntos comprendidos entre el 150% y el 175%, entre el 175% y el 200%, y los que superen el 200%.

Para el correcto desarrollo del mapa de riesgos y de sistema de alertas, el CGPJ empleará la metodología y parámetros utilizados con anterioridad, tales como el indicador de la carga de trabajo y la pendencia puesta en relación con la media de la comunidad autónoma y con la media nacional.

El segundo eje de trabajo tiene como fin proporcionar a los integrantes de la Carrera Judicial un documento de trabajo con indicadores orientativos que permita a jueces y magistrados elaborar una “agenda saludable” de la actividad del órgano judicial. La confección de este documento se llevará a cabo por varios grupos de trabajo -uno por cada orden jurisdiccional-, en cuya composición se tendrán en cuenta la perspectiva de edad y de género.

La propuesta aprobada por la Comisión Permanente ha sido elaborada por los vocales Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya de acuerdo con el informe jurídico sobre el alcance y efectos de la sentencia del Tribunal Supremo redactado por el Gabinete Técnico del CGPJ y con lo acordado durante la reunión mantenida con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (Cnsscj), que preside el propio Moya.