López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid en funciones, solicitó su reincorporación a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) en la que tiene su plaza, el pasado 15 de junio, coincidiendo con su salida del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El abandono de la política por parte de López culmina así después de darse de baja del Partido Popular y de anunciar que vuelve a su plaza de juez en la AN. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que los jueces y magistrados en servicios especiales tienen que solicitar el reingreso en un plazo máximo de 10 días a partir del día siguiente a su cese en el cargo e incorporarse a su destino dentro en los 20 días siguientes.

López, que se integró en las filas del PP como hombre de confianza de Ayuso, no tardó en incorporarse al equipo de confianza de Pablo Casado. Esto desembocó en un distanciamiento evidente con la jefa del Gobierno regional tras la bronca interna que protagonizó frente a Casado y que terminó con la defenestración de éste como presidente del partido.

La llegada de Alberto Núñez Feijoo a la presidencia del PP no mejoró su situación dentro de la formación, ya que el nuevo líder no contó con él. Y eso, pese a haber jugado un destacado papel en las negociaciones con el PSOE sobre la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional.

El artículo 355 de la LOPJ establece que "al cesar en el puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente al cese e incorporarse a su destino dentro de los veinte días inmediatamente siguientes; de no hacerlo, serán declarados en la situación de excedencia voluntaria”.

El reingreso en la carrera judicial de López no casa con la petición formulada por Feijóo para regular las puertas giratorias entre la política y la judicatura. Los populares ya venían expresando su deseo de legislar para que los jueces que sean miembros del Gobierno de turno o desempeñen cargos políticos discrecionales no puedan regresar a su plaza hasta pasados dos años desde su cese.