El reglamento establecía ventajas para los jueces que conocieran la lengua propia de las comunidades que la tienen y está en suspenso desde el momento en que fue recurrido.

Fuentes del CGPJ afirmaron que una decisión del órgano de dirección de los juecs en este asunto no se podría aplicar en tanto no haya una decisión del Tribunal Supremo.

El reglamento recurrido establecía una valoración del conocimiento de los idiomas propios de las Comunidades Autónomas a la hora de conceder traslados y ascensos en la carrera judicial que se traducían en el reconocimiento de mayor antigüedad de los afectados, siempre que pidieran destinos dentro de esa comunidad.

La Asociación Profesional de la Magistratura recurrió este reglamento en diciembre de 1991 y lanorma quedó en suspenso en enero de 1992 por propia decisión del Consejo, que trató así de no perjudicar la carrera de posibles afectados.