El dictamen de los vocales Lucía Avilés e Isabel Revuelta valora positivamente el texto del Gobierno que sustituirá a la ley 1982 para adaptarla a los cambios tecnológicos y legislativos de manera que mejore la protección civil de los derechos del artículo 18.1 de la Constitución en menores y personas con discapacidad; regule vías de tutela frente a las 'ultrafalsificaciones' o ‘deepfakes’ y que incorpore criterios jurisprudenciales sobre la valoración del daño moral y la publicidad de las sentencias.

Se trata de reforzar los derechos de la ciudadanía en un entorno tecnológico cada vez más complejo en el que se producen muchas de las vulneraciones de estos derechos. La nueva norma pretende cortar las prácticas que afecten al honor o a la identidad de las personas, reforzando así la protección frente a la desinformación y la suplantación.

También se refuerza la protección de colectivos especialmente vulnerables. En el caso de los menores, se introduce una presunción de madurez a partir de los 16 años para consentir determinados usos de su imagen o datos personales, aunque siempre bajo control judicial si es necesario. Este enfoque busca equilibrar su autonomía progresiva con la necesaria tutela de sus derechos.

Otro cambio relevante afecta al consentimiento, que deberá ser siempre expreso y limitado a los términos en los que se otorgó. Con ello se pretende evitar prácticas habituales como la reutilización de imágenes o datos para fines distintos a los inicialmente autorizados.

Además, el anteproyecto mejora los mecanismos de tutela judicial. Se detallan los criterios para valorar el daño moral y se prevé incluso la posibilidad de dar publicidad a las sentencias condenatorias, con un claro efecto disuasorio. Se trata, por tanto, de tener herramientas más eficaces para defender la reputación y la vida privada en un entorno donde la exposición pública es constante y difícil de controlar.

Además, el CGPJ propone ampliar el alcance del artículo relativo al uso de la imagen o voz tras el fallecimiento, limitando la capacidad del testador para prohibir estos usos a fines publicitarios o comerciales. Y se extiende esta protección a cualquier uso que “menoscabe la memoria o consideración” del difunto, evitando que actuaciones sin ánimo de lucro pero vejatorias queden fuera de la protección civil.

El anteproyecto incluye nueve criterios para valorar económicamente el daño moral, algo que el informe valora de manera positiva, puesto que permite prever con más exactitud las indemnizaciones y, además, se prohíben las indemnizaciones simbólicas, estableciendo que su cuantía debe ser suficiente para compensar el daño y para evitar que los afectados renuncien a reclamar sus derechos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El segundo anteproyecto tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial y supone la adaptación de la legislación española al Reglamento europeo de IA, que establece un sistema común en toda la Unión basado en el nivel de riesgo de los sistemas.

Según el texto del Gobierno, serán varios los organismos que supervisarán el uso de la inteligencia artificial. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) será el organismo de control fundamental, que contará con la ayuda de la Agencia Española de Protección de Datos, el Banco de España o el Consejo General del Poder Judicial.

Los sistemas de inteligencia artificial quedarán clasificados en función de sus riesgos y se les obligará a implantar mecanismos de control y transparencia en especial para las consideradas de “alto riesgo”, como las relacionadas con materia de Justicia, empleo o biometría. Otras, con las que puedan manipular el comportamiento humano, quedarán prohibidas.

Así, los ciudadanos podrán saber cuándo interactúan con un sistema automatizado, y las empresas tendrán que habilitar canales de denuncia específicos frente a usos indebidos. Esta normativa irá acompañada de un sistema sancionador, que incluyan para los casos más graves la suspensión del sistema.