Un CGPJ profundamente dividido aprobó, por primera vez, un informe contrario a la idoneidad de un candidato a fiscal general del Estado, cuyo nombramiento fue acordado el pasado martes por el Consejo de Ministros. El informe es preceptivo, pero no vinculante.

Los votos en contra provienen de los sectores más conservadores del Consejo. Dos de los vocales habitualmente considerados conservadores votaron con los cinco progresistas, mientras que el Enrique de Lucas, elegido a propuesta del PNV, se abstuvo porque su hermano formó parte del tribunal que anuló el nombramiento de Dolores Delgado.

Los vocales conservadores y críticos resaltan la vinculación de García Ortiz con el Gobierno de Pedro Sánchez, su supuesta falta de independencia y el último varapalo dado por el Tribunal Supremo (TS) al nombramiento de Dolores Delgado, su predecesora en el cargo y exministra de Justicia, como fiscal de Sala del TS, cuyo ascenso ha sido anulado por apreciar “desviación de poder”. También le reprochan no haberse pronunciado claramente en contra del concepto de ‘lawfare’ o judicialización de la política en la negociación del PSOE con Junts.

El órgano de gobierno de los jueces cumple así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial.