Un CGPJ profundamente dividido aprobó, por primera vez, un informe contrario a la idoneidad de un candidato a Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento fue acordado el pasado martes por el Consejo de Ministros. El informe es preceptivo, pero no vinculante.

El órgano de gobierno de los jueces cumple así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial después de que el Consejo de Ministros celebrado el pasado martes aprobara el nombramiento y recabara del CGPJ la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento.

En la votación celebrada este jueves, el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda se preonunciaron a favor de la idoneidad del candidato; mientras que votaron en contra los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.

El Pleno aceptó por unanimidad la abstención planteada por el vocal Enrique Lucas después de que algunos de los vocales de la mayoría alegaran entre los motivos para considerar no idóneo a Álvaro García Ortiz la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que estimó en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la promoción a la categoría de fiscal de Sala de Dolores Delgado. La sentencia fue dictada por la sección que preside el magistrado Pablo Lucas, hermano del vocal, que consideró que debía abstenerse para preservar la apariencia de imparcialidad.

La motivación del acuerdo aprobado hoy se dará a conocer en los próximos días. El presidente Vicente Guilarte y los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda anunciaron la formulación de voto particular.

Los vocales conservadores y críticos resaltan la vinculación de García Ortiz con el Gobierno de Pedro Sánchez, su supuesta falta de independencia y el último varapalo dado por el Tribunal Supremo (TS) al nombramiento de Dolores Delgado, su predecesora en el cargo y exministra de Justicia, como fiscal de Sala del TS, cuyo ascenso fue anulado por apreciar “desviación de poder”. También le reprochan no haberse pronunciado claramente en contra del concepto de ‘lawfare’ o judicialización de la política en la negociación del PSOE con Junts.