El órgano de gobierno de los jueces informó sobre el transcurso de la Comisión Permanente convocada este martes, en la que los magistrados tenían sobre la mesa cinco diligencias abiertas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, después de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ propusiera recientemente archivar todas.

Sobre la mesa está una queja sobre la referencia del juez en el auto en el que establecía medidas cautelares para la mujer del presidente a la posible connivencia de sus escoltas en una hipotética huida de España.

El CGPJ también tendrá que valorar la queja del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien Peinado quiso imputar en la causa, por el trato que le dio durante el interrogatorio que le realizó en el Palacio de La Moncloa.

Los vocales conservadores apoyan la tesis del promotor de archivar las quejas, mientras los progresistas abogan por que se continúe investigando con la vista puesta en la aplicación de alguna sanción, por lo que la última palabra podría recaer en la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló.

Por sus insinuaciones sobre la actitud de los escoltas de Begoña Gómez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja ante la presidenta del CGPJ por el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. También expresaron sus quejas los sindicatos policiales Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jupol y la Confederación Española de Policía (CEP).

A raíz de estas quejas, Perelló decidió incoar expediente disciplinario al juez por una posible infracción tipificada en el artículo 418.5 de la Ley Orgánico del Poder Judicial LOPJ por un “exceso o abuso de autoridad o falta grave de consideración” respecto de otras instituciones, el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia o funcionarios de la Policía Judicial.