En la reunión de esta jornada, la Permanente -que el pasado 1 de julio ya aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio que reconsidere esa decisión— acordó asimismo reiterar esa petición. Los vocales quieren volver a tratar las medidas de refuerzo solicitadas para órganos judiciales especializados en asuntos relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en acuerdos de financiación con garantías reales inmobiliarias, cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas).

La decisión se adopta a la vista de las conclusiones del informe elaborado por el Servicio de Inspección sobre las consecuencias que tendría la denegación de esas medidas.

El informe, del que hoy ha tomado conocimiento la Comisión Permanente, señala que la denegación de la renovación total o parcial de las comisiones de servicio en las secciones civiles de las Audiencias Provinciales y en las plazas de las Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia especializadas en esta materia tendrá un importante impacto sobre la actividad judicial.

En concreto, supondrá la suspensión y la falta de resolución de al menos 12.470 asuntos a lo largo del segundo semestre del año.

El territorio más afectado será la Comunidad Valenciana, donde el Servicio de Inspección calcula que serán entre 5.420 y 5.520 los asuntos suspendidos o no resueltos. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 4.650 asuntos, y Cataluña, con 2.400 asuntos solo en la provincia de Barcelona.

EFECTOS DE LA DENEGACIÓN

El pasado día 1, la Permanente acordó por unanimidad solicitar al departamento de Félix Bolaños que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para 62 órganos judiciales de toda España.

Asimismo, mostró su preocupación por la situación generada, que obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales consideradas necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores.