Así lo expone el informe del CGPJ que analiza el texto legal de la norma de violencia vicaria. El órgano judicial avala en su análisis dicha retirada de la patria potestad, pero reclama añadir una cláusula que permita una revisión de esa decisión "cuando esté justificado por el interés superior del menor".

El informe expone que la retirada automática de la patria potestad a los maltratadores condenados en sentencia firme "persigue un interés legítimo de protección de las personas menores de edad". Y califica como "adecuada y necesaria" la medida. Pero añade: "A fin de garantizar su proporcionalidad, evitando su carácter cerrado, a pesar del automatismo inicial que tiene un evidente fin tuitivo del menor, debe preverse la posibilidad de la revisión de la privación de patria potestad".

También asegura que “debería clarificarse” si el plazo de vigencia de la privación de la patria potestad estará asociado a la vigencia de los antecedentes penales derivados de la sentencia condenatoria firme, o si se vincula a otro plazo menor, como el cumplimiento efectivo de las penas impuestas a la persona condenada.

Además, el Poder Judicial, aunque respalda tipificar el delito de violencia vicaria, pide replantear el alcance del delito y clarificar el sujeto que puede ser víctima de “violencia vicaria familiar” al considerar que el término de víctimas es amplio y puede generar inseguridad jurídica.

Asimismo, el Poder Judicial indica que el anteproyecto “debe clarificar” cómo se coordinaría la retirada de la patria potestad entre la justicia penal y la civil.

ESCUCHA A LOS MENORES

El informe del CGPJ valora positivamente que el anteproyecto de violencia vicaria amplíe el derecho de los menores a ser escuchados en un proceso judicial en casos de violencia vicaria y que así ya no dependa de la “suficiente madurez” del menor.

Además, el informe del Poder Judicial critica las menciones que hace el anteproyecto de ley analizado sobre la formación de jueces en materia de violencia de genero. Así, el informe sostiene que deben eliminarse o revisarse estas cuestiones porque “exceden del objeto del anteproyecto”.

Por otro lado, el informe valora de forma positiva que el anteproyecto de ley introduce una agravante cuando el delito se comete para dañar a una mujer y destaca que esto debe aplicarse respetando el principio de no duplicar castigos.

Finalmente, sobre las restricciones a difundir mensajes o imágenes vinculadas a este tipo de delitos que incorpora el anteproyecto, el CGPJ considera que está mejor definida y proporcionada respecto a versiones anteriores del mismo texto.