En esas concentraciones se dio lectura a un manifiesto comienza recordando que la Constitución de 1978 implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial “independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía”.

“Esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas” del Gobierno, denuncian.

Destacan entre esas iniciativas el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas que han motivado la convocatoria del paro de este miércoles.

El primero de ellos ha sido tramitado “injustificadamente por vía de urgencia” y “no responde a demanda social alguna”, además de contar con un informe técnico “muy crítico” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A juicio de los manifestantes se trata de una reforma legal que “va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”.

Entre otras medidas, señalan, se pretende crear un centro de preparación de opositores “dependiente directamente del Gobierno”, lo que implica “riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales. (…) Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trecientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal”.

FALTA DE AUTONOMÍA

En cuanto a la reforma del Estatuto Fiscal, estas asociaciones critican el intento de aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrando a los fiscales, según sospechas, bajo las directrices del Gobierno “sin ningún tipo de filtro previo”, lo que, “sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.

ABUSO DE PODER

Además, denuncian, “todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos”.

Y es que, destacan, la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho “de los jueces, es una garantía de todos”, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma.

Ambas condiciones son “imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país”. Sin embargo , estas asociaciones entienden que estas reformas “van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder”.

Por todas estas razones, lay con este paro, pedimos la retirada de ambos proyectos. Y si no es así la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, advierten que podrían ir a la huelga.